En Santander, el Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, que ha recibido un total de 17 escritos con 500 alegaciones. El documento será enviado al Parlamento para su aprobación lo más pronto posible, con el objetivo de convertir a Cantabria en una de las comunidades autónomas con menos burocracia en España.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha informado en rueda de prensa que el 60% de las alegaciones recibidas provienen de un particular y están relacionadas con la modificación de estilos formales para mejorar la redacción del texto. Ha destacado que en general el proyecto ha tenido una buena acogida, con valoraciones muy positivas.

La nueva norma incluirá medidas para reducir tiempos de resolución y cargas administrativas, así como mejoras en la organización, gestión y digitalización de la administración pública. El objetivo es facilitar la actividad de ciudadanos y empresas, y atraer inversiones a la región.

La consejera ha enfatizado que se busca convertir a la administración en un entorno facilitador, eliminando trabas y generando confianza en las empresas. Se trata de una reducción de trámites en los que se otorga más responsabilidad al ciudadano.

Entre las alegaciones recibidas se encuentran sugerencias para mejorar los sistemas informáticos, la eficacia de la norma y la simplificación de trámites. Se introducen medidas como la primacía de la declaración responsable en licencias y autorizaciones, el silencio administrativo positivo y la reducción de plazos.

La ley suprime la necesidad de obtener licencia municipal para la instalación de actividades económicas, reemplazándola por un régimen de comunicación. También se establece un plazo para subsanar deficiencias y se promueve la simplificación administrativa en todos los ámbitos.

Se regulan entidades colaboradoras para agilizar trámites, se facilita el mercado abierto y se crea un marco de tramitación preferente para incentivar la actividad productiva. Además, se introduce un régimen sancionador para garantizar la seguridad jurídica de las declaraciones responsables y comunicaciones.