El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al Gobierno de Cantabria por los servicios mínimos impuestos durante la huelga del metal a principios de verano de 2022. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha inadmitido el recurso de casación presentado por el Ejecutivo regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El TSJC había estimado la demanda de USO contra los servicios mínimos impuestos por la administración autonómica en la empresa Gomur en Solvay durante el paro convocado en el sector en junio de hace dos años. La Sala del Supremo que ha visto el recurso del Gobierno cántabro no lo ha admitido a trámite por "ausencia sobrevenida de interés casacional".

De esta forma, el alto tribunal reafirma la resolución de los magistrados de la región, dictada a principios del año pasado. Los jueces sentenciaron que las labores de Gomur no eran esenciales para la comunidad, ya que eran una tarea auxiliar de la actividad productiva de Solvay Química.

Además, señalaron que el Gobierno regional impuso los servicios mínimos en Gomur sin tener la competencia para ello, infringiendo el derecho de huelga de los trabajadores. USO ha criticado la intervención ilegítima del entonces consejero López Marcano en el conflicto del sector del metal en junio de 2022.

La sentencia del Supremo abre la posibilidad de reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios por vulneración del derecho de huelga, tanto para el sindicato demandante como para los trabajadores afectados. Asimismo, se establece que en empresas afectadas por normativas como SEVESO, los servicios mínimos deben ser fijados por el comité de huelga y no por el Gobierno.