24h Cantabria.

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El Gobierno de Cantabria premia a los inquilinos con una deducción de 500 euros en alquileres asequibles.

El Gobierno de Cantabria premia a los inquilinos con una deducción de 500 euros en alquileres asequibles.

El Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular, ha anunciado la puesta en marcha de una iniciativa para incentivar el alquiler de viviendas a precios asequibles. Se trata de una deducción fiscal de 500 euros dirigida a arrendadores que alquilen sus pisos por menos de 1.000 euros, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda.

Esta medida está dirigida principalmente a "pequeños propietarios" que posean hasta tres viviendas, con la intención de ofrecer alquileres a precios considerados "razonables". La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, ha explicado que se seleccionó el monto de 1.000 euros como límite pensando en las zonas más caras y con mayor demanda, como Santander, y ha mencionado que esta iniciativa se basa en experiencias exitosas de otras comunidades autónomas.

En Cantabria, según datos proporcionados por Sáenz de Buruaga, existen aproximadamente 50.000 viviendas desocupadas cuyos propietarios no las alquilan por falta de incentivos o condiciones de seguridad. La situación del acceso a la vivienda es un problema generalizado en toda España, por lo que considera que medidas como esta son necesarias.

La presidenta cántabra ha criticado la Ley de Vivienda del Gobierno de España, calificándola de "absolutamente perniciosa" y argumentando que protege a los ocupantes ilegales, genera inseguridad jurídica y contrae el mercado inmobiliario, lo que a su vez incrementa los precios de la vivienda. En contraposición a esta normativa, apuesta por incentivos en lugar de intervenciones en el mercado.

Para contrarrestar los efectos negativos de la Ley de Vivienda estatal, el Gobierno de Cantabria pretende aprobar su propia Ley de Vivienda autonómica y trabajar en diversas medidas para mejorar el acceso a la vivienda, como el aumento del parque público de viviendas a precios asequibles, la rehabilitación de edificios públicos en zonas rurales y ventajas fiscales en impuestos relacionados con la compra de vivienda o la firma de hipotecas.