El Gobierno desembolsa 5,7 millones en un año por compensaciones de derribos, mayoritariamente destinadas al 58% de los afectados.

El Gobierno de Cantabria ha destinado más de 5,7 millones de euros en un año para compensar a los afectados por derribos, lo que representa el 58 por ciento del total de indemnizaciones abonadas desde 2020.

Entre julio de 2023 y el mismo mes del presente año se ha realizado un desembolso de 5.769.712 euros, de los cuales 4.200.000 corresponden a lo que va del año 2024. Al finalizar este año, la cantidad pagada ascenderá a 9 millones, el montante anual del Fondo de Derribos, dejando pendiente una cifra de 6 millones para diciembre.

Se prevé un incremento en esta cantidad en los próximos presupuestos autonómicos con una nueva aportación, según ha adelantado el consejero de Fomento, Roberto Media, tras reunirse con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).

En esta reunión, representantes de la Consejería y de los afectados han analizado los avances y la situación actual en los cuatro municipios de la región donde hay viviendas condenadas a la demolición.

Según el consejero, en Escalante se han enviado cartas a los propietarios del edificio Las Torres para que confirmen si aceptan una de las 15 viviendas de sustitución previstas. La construcción del nuevo inmueble se licitará en las próximas dos semanas con un presupuesto de 2,3 millones de euros.

Por otro lado, en Argoños se espera que las tres viviendas de sustitución estén terminadas para el 24 de enero, con un progreso del 60% en la obra. En este municipio se han establecido comisiones en dos urbanizaciones, Pueblo del Mar y La Llama I, para discutir temas específicos, un proceso que también podría llevarse a cabo en Liencres, en el municipio de Piélagos.

En Arnuero se ha aprobado una modificación en el proyecto inicial que conlleva una inversión de 7,7 millones, lo que retrasará la finalización de la obra hasta mediados de noviembre, según ha informado Media.

En cuanto a la novación de los convenios firmados hace ocho años entre la administración y los afectados, se prevé la creación de una comisión técnica para llegar a un acuerdo sobre los cambios a realizar. Una reunión está programada para octubre con el objetivo de concertar la forma en que se llevarán a cabo esas modificaciones.

Paralelamente, el Gobierno y los afectados de Argoños aguardan la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. En caso de que el fallo sea favorable a la administración, se iniciará el proceso de legalización de viviendas tras la aprobación del plan general del municipio, ha mencionado Media.

Por su parte, Antonio Vilela, presidente de AMA, ha subrayado la importancia de establecer una hoja de ruta con fechas concretas y la creación de comisiones para abordar las soluciones urbanización por urbanización. Destacó la necesidad de concretar las modificaciones en los convenios existentes para reparar el daño causado lo antes posible, cumpliendo así con el mandato del Parlamento regional.

"Creemos que este año debe haber soluciones reales y tangibles para los afectados, no podemos seguir esperando indefinidamente a que la administración corrija el daño causado", manifestó Vilela. "Esperamos poder encontrar una solución pronta y efectiva", concluyó el portavoz de AMA.