El Ayuntamiento de Argoños está dando pasos significativos para resolver la problemática de la vivienda en la localidad, con negociaciones en curso para adquirir tres parcelas en zonas muy céntricas que albergarán las viviendas de sustitución. Esta acción surge tras la decisión del Gobierno de Cantabria de demoler 120 de las 254 viviendas que están afectadas por sentencias de derribo, bajo el argumento de que estas construcciones “ya no tienen remedio” tras la anulación por parte del Tribunal Supremo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

El plan incluye la demolición de 21 viviendas en la urbanización Pueblo del Mar y 99 en La Llana I y La Llana II. A los propietarios de estas viviendas se les otorgará un plazo de 15 días para decidir si prefieren recibir una indemnización económica o una vivienda de sustitución, en línea con los convenios establecidos entre el Gobierno y los afectados.

El Ejecutivo ha determinado que estas 120 viviendas deben ser derribadas, considerándolas fuera de toda posibilidad de regularización. Sin embargo, queda un número igual de 124 viviendas en la misma situación que está a la espera de un fallo judicial sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, lo que podría afectar su futuro.

A través de una reciente reunión con medios, el consejero de Fomento, Roberto Media, el alcalde, Juan José Barruetabeña, y el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, han compartido su preocupación por la anulación del PORN y han hecho hincapié en la necesidad de buscar soluciones definitivas que permitan legalizar lo que ya ha sido construido.

Media ha señalado que es fundamental cumplir con las sentencias judiciales, remarcando que las decisiones del tribunal son para ser acatadas, a pesar de que no todos estén de acuerdo. También ha criticado a quienes, bajo el pretexto de proteger el medio ambiente, suelen defender intereses que no benefician a la comunidad. “La falta de reconocimiento de este nuevo revés legal impacta directamente en las familias que padecen las consecuencias”, ha expresado.

En cuanto a las 124 viviendas restantes, Media ha indicado que si la sentencia solo afecta parcialmente al PGOU, se podrían legalizar las construcciones restantes. Si la anulación es total, se convocará una nueva reunión para definir el camino a seguir y buscar, así, una solución definitiva.

El consejero ha reafirmado el compromiso del Gobierno de actuar rápidamente en cuanto a la financiación de los derribos necesarios, asegurando que se buscarán recursos en otras áreas, dada la prioridad que tiene este asunto para el Ejecutivo. Además, se ha comprometido a que las viviendas de sustitución estén en marcha antes de que concluya la actual legislatura.

El alcalde Barruetabeña ha expresado su descontento por el fallo del Tribunal Supremo, indicándole un “varapalo” a la localidad. No obstante, ha mantenido la esperanza de que las negociaciones con los propietarios de las parcelas sean fructíferas y confía en que su ubicación sea atractiva para que opten por las viviendas de sustitución y se mantengan en la comunidad.

A su vez, el presidente de AMA ha instado al Gobierno a implementar los convenios acordados con rapidez, recalibrando la urgencia de cerrar esta situación que ha desgastado a las familias durante años. Vilela ha subrayado la necesidad de dar a los afectados una opción clara, ya sea una indemnización o una nueva vivienda, asegurando que es tiempo de resolver un problema que ha sido prolongado injustamente.

Finalmente, todos los involucrados han animado a los propietarios afectados a considerar las viviendas de sustitución, mientras se muestran comprensivos con aquellos que podrían preferir la indemnización. La decisión final, han enfatizado, debe quedar en manos de cada familia, respetando sus circunstancias individuales.