El Gobierno de Cantabria ha presentado un proyecto de decreto para regular las viviendas de uso turístico, introduciendo la posibilidad de que personas jurídicas sean titulares de estos alojamientos y otorgando a los ayuntamientos la capacidad de limitar su número.

SANTANDER, 8 Jul.

Este proyecto de decreto se ha hecho público a través de un Boletín Oficial de Cantabria (BOC) extraordinario, permitiendo un periodo de 10 días hábiles para presentar alegaciones y se encuentra disponible en el portal de transparencia del Gobierno de Cantabria.

Una vez finalice el plazo de presentación de alegaciones, se procederá al análisis de las mismas y la posterior redacción del texto definitivo del decreto, seguido de la solicitud de informes jurídicos a otras Consejerías y al Consejo de Estado.

El proyecto de decreto consta de 11 artículos, distribuidos en dos capítulos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

Entre las novedades del proyecto se encuentra la posibilidad de que personas jurídicas sean titulares de viviendas de uso turístico, ampliando así los sujetos que pueden desarrollar esta actividad. Asimismo, se destaca la capacidad de los ayuntamientos para establecer limitaciones al número de viviendas dentro de su competencia, evitando así invadir la autonomía municipal.

Por otro lado, se introduce la obligación de presentar una declaración responsable al iniciar la actividad de vivienda de uso turístico, así como en casos de cambio de titularidad. Además, se incluye un requisito de informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico del municipio en dicha declaración responsable.

El proyecto también contempla la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para cubrir posibles daños causados durante la actividad de vivienda de uso turístico, y establece una serie de obligaciones para los titulares de este tipo de alojamientos, como la disponibilidad de hojas de reclamación y la comunicación del cese de la actividad.

Finalmente, el decreto prevé la cooperación entre administraciones para detectar el ejercicio ilegal o clandestino del alquiler de viviendas de uso turístico, así como un régimen sancionador en caso de incumplimiento de la normativa establecida. Además, se incluye una disposición transitoria para regular las declaraciones responsables presentadas antes de la entrada en vigor del decreto.