SANTANDER, 11 de diciembre. Una significativa actualización ha llegado en el caso de la trágica agresión que tuvo lugar en el apeadero de Boo de Piélagos. El juicio contra los presuntos agresores se llevará a cabo el próximo mes de marzo, comenzando el día 28, en la Audiencia Provincial de Cantabria, según informaron fuentes cercanas al proceso a Europa Press.

La vista, que se celebrará con la participación de un jurado, se desarrollará en la Sección Tercera del tribunal. Este viernes, mencionado como fecha de inicio, servirá para la constitución del jurado, seguido de una semana intensa de sesiones que tendrán lugar entre el 31 de marzo y el 4 de abril, donde se presentará toda la evidencia necesaria. El veredicto final se conocerá tras la deliberación del jurado tras esta serie de audiencias.

En este juicio se enfrentarán dos jóvenes acusados de haber causado la muerte de un hombre en el transcurso de una violenta disputa el pasado mes de febrero. Ambos se enfrentan a una pena de trece años de prisión, la cual es solicitada por la Fiscalía.

Según el ministerio público, ambos acusados, que en aquel entonces tenían 19 y 20 años y residían en la misma localidad donde sucedieron los hechos, son imputados por un delito de homicidio. Desde su detención, se encuentran en prisión preventiva ante la gravedad de las acusaciones.

La Fiscalía sostiene que los implicados actuaron de manera concertada en la brutal paliza que costó la vida a un joven de 21 años, residente de Polanco, y por ello les reclama una condena de trece años por este homicidio doloso.

Sin embargo, la fiscal de la causa ha retirado la acusación por omisión del deber de socorro, un cargo que sí ha sido mantenido por la acusación particular, representada por familiares del difunto. Estos allegados han solicitado una pena de doce años de prisión por homicidio, así como una multa por la omisión del deber de socorro, de acuerdo con lo que han informado fuentes cercanas al caso.

Las defensas de los acusados han expresado su desacuerdo con la calificación de los actos, argumentando que no debería considerarse un homicidio doloso, sino imprudente, y, en consecuencia, cuestionan las penas solicitadas por la Fiscalía.

La investigación ha estado a cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Santander, donde se han llevado a cabo diligencias para esclarecer los hechos. Se ha decidido que el caso será juzgado por un tribunal con jurado, una decisión que refleja la gravedad de lo ocurrido.

Los hechos se produjeron a las siete de la mañana del 3 de febrero, un sábado. Ambos acusados y la víctima se bajaron del tren tras una breve discusión en el interior del convoy. Fuera de este, se desató una violencia extrema, donde los agresores atacaron a la víctima, propinándole puñetazos y patadas, incluso llevando su cuerpo hasta las vías del tren, dónde perdió la vida.

De acuerdo con un informe forense al que ha tenido acceso Europa Press, la muerte del joven fue consecuencia de una conmoción medular, que comprometió sus centros de control respiratorio, resultando en movimientos de inspiración y expiración desorganizados e ineficaces, todo debido al impacto sufrido al ser arrojado a las vías del tren.

Con posterioridad a la agresión, el juez instructor inició diligencias por homicidio, después de calificar el ataque de los acusados como una "brutal agresión" por parte de ambos hacia la víctima. En su resolución para decretar el encarcelamiento preventivo, el juez citó a dos testigos que afirmaron haber visto cómo los acusados "arrastraban a la víctima", comenzando a golpearle en varias partes del cuerpo.

Además, el juez proporcionó una descripción detallada de la secuencia de los eventos, mencionando cómo la víctima fue empujada contra la valla de la estación y posteriormente al suelo, recibiendo patadas "por todo el cuerpo, incluyendo la cabeza", culminando en un golpe tan fuerte que le arrojó a las vías del tren, donde finalmente perdió la vida.

A pesar de que el forense no pudo determinar en el momento la causa inmediata de la muerte, el juez dejó claro que la evidencia sugiere que la causa de deceso se considera de origen violento y no atribuible a situaciones internas del difunto, sino a factores externos relacionados con el ataque violento que sufrió.