En un significativo paso hacia la memoria histórica, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha anunciado hoy, 31 de octubre, el inicio del proceso para declarar a La Península de La Magdalena como el primer Lugar de Memoria en Cantabria. Esta fecha coincide con la conmemoración del Día de la Memoria de las Víctimas del golpe militar y de la dictadura franquista, resaltando la importancia de recordar un pasado que aún resuena en la sociedad contemporánea.

La resolución detalla que La Magdalena albergó un campo de concentración franquista entre 1937 y 1939, parte de un sistema que operó en 188 locales a nivel nacional. Aunque diseñado para 600 prisioneros, llegó a albergar a más de 1.600, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de la región.

Documentos archivados en el Archivo General Militar de Ávila revelan un oscuro régimen de vida para los recluidos, que incluía desde el saludo fascista hasta actividades religiosas destinadas a incitar un sentimiento nacionalista extremo. Este lugar se convirtió en un símbolo del terror del régimen, utilizado no solo para la represión, sino también como herramienta de propaganda.

La Península y su emblemático Palacio son recordatorios de los abusos sistemáticos perpetrados contra aquellos considerados enemigos del régimen. El BOE señala que aquí se ejecutaron violaciones a los derechos humanos que van desde la privación arbitraria de libertad hasta condiciones brutales de encarcelamiento.

El proceso de reconocimiento histórico contempla la consulta a instituciones académicas como la Universidad de Cantabria y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y se espera que la resolución formal se complete en un plazo de un año.

La reacción de las autoridades locales no se ha hecho esperar. María José Sáenz de Buruaga, presidenta del Gobierno de Cantabria, expresó su descontento ante esta declaración y cuestionó la omisión de otros lugares significativos en la región, como la Bahía de Santander, donde hubo episodios de represión. Buruaga lamentó que la decisión del gobierno central solo sirva para abrir viejas heridas en lugar de fomentar la reconciliación social.

La presidenta también sugirió que esta acción tiene la intención de desviar la atención de problemas más urgentes que enfrenta la comunidad, como el deterioro de los servicios de transporte y cuestiones energéticas. "Deberíamos concentrarnos en el presente y el futuro, no desgastarnos en divisiones", argumentó.

En la misma línea, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, tildó la declaración de un "asalto" a su competencia municipal. Criticó una agenda que, en su opinión, busca dividir a la población, y señaló que el enfoque debería estar en los problemas actuales en lugar de anclarse en el pasado.

No obstante, la postura del secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernández, contrasta erhebemente. Para él, el reconocimiento del campo de concentración es fundamental para comprender la historia local. Fernández subrayó que olvidar el sufrimiento histórico no es una opción y abogó por un ejercicio consciente de memoria colectiva que ilumine lo que la ciudad ha vivido.

Finalmente, es evidente que el debate sobre la memoria y la reconciliación en Santander sigue latente, con voces que claman por recordar el pasado como una forma de construir un futuro más inclusivo y justo, en contraposición a aquellos que, temerosos de la confrontación, prefieren cerrar los ojos a la historia.