El Juzgado de Instrucción número 3 en Santander ha comenzado a investigar una denuncia presentada a inicios de octubre por el Partido Animalista PACMA contra la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, y el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio. Este proceso se origina a raíz de las controvertidas extracciones de lobos que se realizan en la región para controlar su población.

La resolución del juzgado, que ha sido divulgada por PACMA, establece que se abrirán diligencias previas y ha convocado a Susinos y Serdio para que comparezcan como investigados el próximo 12 de noviembre. La denuncia les imputa posibles delitos de falsedad documental y maltrato animal, agravado por la muerte de los ejemplares implicados.

Además, el auto judicial -que puede ser objeto de recursos- exige al Gobierno de Cantabria que envíe la documentación administrativa completa relacionada con la resolución del 2 de abril de 2025, donde se fijó el número de lobos que se pueden extraer, así como informes técnicos correspondientes al expediente.

PACMA ha manifestado su satisfacción por este desarrollo, resaltando que es la primera vez en España que un tribunal abre una investigación penal por las prácticas de control de lobos. Con esto, Susinos y Serdio se convierten en los primeros funcionarios públicos que deberán responder penalmente por la decisión del Gobierno regional sobre la caza del lobo ibérico.

Desde la perspectiva del Partido Animalista, esta decisión judicial marca un "hito histórico" en la protección de la especie, dado que previamente las resoluciones en este ámbito habían girado en torno a cuestiones contencioso-administrativas.

El partido denuncia que los acusados autorizaron la caza de lobos a pesar de estar al tanto de su situación de conservación desfavorable, como lo indican informes oficiales enviados por España a la Comisión Europea. Esta circunstancia, argumenta PACMA, podría hacer que cualquier permiso de extracción se considere ilegal.

Además, la formación política señala la supuesta falsificación y alteración de informes técnicos para justificar la caza de estos animales. A su vez, critican la "gravedad" de que los tribunales en el ámbito contencioso-administrativo estén desestimando medidas cautelares con base en informes de la misma administración denunciada, lo cual, advierten, podría permitir decisiones administrativas que pongan en riesgo el patrimonio natural y las especies protegidas.

Finalmente, desde PACMA se expresan esperanzados en que esta reciente resolución sirva de precedente para otras comunidades autónomas que han permitido batidas de lobos basándose en argumentos económicos y en el interés de la ganadería y la caza.