SANTANDER, 1 de diciembre.

El Parlamento de Cantabria ha dado un paso significativo este lunes al aprobar, de manera consensuada, una reforma crucial en la legislación autonómica que rinde homenaje y brinda dignidad a las víctimas del terrorismo. Esta enmienda busca expandir los criterios que califican para recibir indemnizaciones y, así, beneficiar a un mayor número de personas afectadas por el terrorismo en la región.

La reforma, impulsada por una iniciativa de Vox y respaldada por PP, PRC, PSOE y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, incluye como beneficiarios a los herederos de aquellos que perdieron la vida antes de que la ley autonómica entrara en vigor. De este modo, se reconoce el sufrimiento de muchas familias que aún padecen las secuelas de la violencia terrorista.

Además, los ámbitos de indemnización ahora abarcan situaciones de secuestro, extorsión, coacciones y amenazas que hayan forzado a las víctimas a trasladar su residencia a Cantabria, asegurando que un mayor número de afectados tenga acceso a la justicia y a una compensación adecuada.

El nuevo marco legal también introduce efectos retroactivos desde la implementación de la ley y permite que aquellos cuyos casos fueron desestimados anteriormente puedan solicitar una revisión. Igualmente, establece que las convocatorias de subsidios complementarios sean permanentes, facilitando su solicitud durante el primer trimestre de cada año.

Un aspecto destacado de la reforma es el compromiso de la administración cántabra de ofrecer programas de apoyo psicológico "inmediato y constante" para las víctimas y sus familias. Estos servicios se proporcionarán a través del sistema de salud pública o mediante convenios con organizaciones especializadas. También se contempla la creación de un espacio físico para que las asociaciones de víctimas puedan llevar a cabo actividades de apoyo y recordar a los que han sufrido.

Asimismo, se ha decidido que la Consejería de Educación implemente programas en las escuelas que promuevan la memoria de las víctimas del terrorismo, lo que permitirá la participación activa de los afectados en eventos educativos y proyectos de divulgación.

Esta reforma, aprobada por 34 votos a favor y con la ausencia del diputado socialista Pablo Zuloaga, se presenta como una respuesta a las "carencias" identificadas en la ley aprobada en marzo de 2023. La proposición de ley subraya la necesidad de mejorar la protección y eliminar cualquier ambigüedad en la interpretación de la normativa actual.

A pesar del consenso en la votación, no han faltado tensiones entre el PP y los grupos de la oposición, que han criticado la forma en que se ha procesado la normativa. En marzo, el Parlamento había apoyado de forma unánime una propuesta no de ley de Vox instando al Gobierno regional a realizar estos cambios, pero después de meses sin avances, Vox tomó la iniciativa de presentar su propio proyecto de ley a finales de octubre.

Las críticas de la oposición se han centrado en la falta de "diligencia" del Gobierno para abordar los cambios necesarios en la legislación. Desde el PP, han respondido asegurando que han estado trabajando de manera constante con la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE) en la elaboración del proyecto.

Juan José Alonso, portavoz del PP, ha defendido que la sociedad cántabra es consciente de quiénes apoyan a las víctimas del terrorismo y quienes intentan suavizar la memoria de los terroristas, haciendo hincapié en la integridad del partido en este debate. Además, ha desestimado las críticas de la oposición, argumentando que su enfoque siempre estará en proteger los intereses de las víctimas.

Alonso concluyó subrayando que el objetivo del Partido Popular no es buscar reconocimiento, sino garantizar que se legisle de forma justa y efectiva para ayudar a las víctimas, afirmando su disposición a apoyar las mejoras necesarias en la ley existente.