El pasado lunes, el Parlamento de Cantabria alcanzó un acuerdo unánime durante su Pleno, en el que se aprobó una moción que solicita al Gobierno regional, liderado por el PP, investigar la posibilidad de implementar una bonificación fiscal o deducción en el IRPF como incentivo para el compromiso medioambiental y el reciclaje. Esta medida busca mitigar el impacto de la subida en la tasa de basuras establecida por la Ley de residuos y suelos contaminados, orientada hacia una economía más circular.

Según la moción, quienes demuestren un compromiso activo con el medio ambiente tendrían derecho a recibir una bonificación de hasta 100 euros, reflejando la premisa de que "quien más recicla, menos paga". Este enfoque se alinea con el objetivo de la nueva legislación de promover prácticas sostenibles.

La propuesta, originada en el seno del PRC, fue aprobada tras una modificación introducida por el PP. Aunque el PRC abogaba por que las deducciones se aplicaran "de inmediato", la versión final acordada contempla la necesidad de "estudiar de manera inmediata el cauce legal para articular" dichas bonificaciones.

Además, la moción contempla la necesidad de que el Ejecutivo establezca convenios con los municipios, la Federación de Municipios y la empresa MARE, así como con otras asociaciones, para facilitar acciones medioambientales y de reciclaje que puedan ser verificadas, contribuyendo así a la justificación del compromiso medioambiental necesario para recibir estas compensaciones.

Por otro lado, Vox presentó una enmienda que fue rechazada, ya que abogaba por la derogación de la Ley, algo que el PRC argumentó no corresponde a la labor de este Parlamento.

Los representantes del PP han explicado que su modificación busca aclarar la moción original para que la bonificación fiscal se adapte mejor al incentivo del reciclaje. Señalan que las familias con menos ingresos, que no presentan declaración de la renta, serían las que más necesitarían estas ayudas, y, sin embargo, no podrían beneficiarse de las deducciones en el IRPF.

A pesar de su respaldo a la moción, el PP ha afirmado que no es correcto achacar el aumento en la tasa de basuras a una directiva europea, como afirman otros grupos, sino que se trata de una cuestión de interpretación ideológica por parte del gobierno central.

El diputado Juan José Alonso también acusó a los regionalistas de intentar corregir errores del pasado, cuestionando si no habría sido más prudente no haber aprobado el aumento de la tasa en primer lugar.

Desde el PRC, Pedro Hernando defendió la moción, argumentando que es necesario encontrar mecanismos que compensen el incremento de la tasa de residuos, sugiriendo que los ahorros que puedan obtener las administraciones por la gestión de residuos deberían revertir a quienes más reciclen.

Hernando también criticó la falta de acción de las administraciones en este asunto, destacando que es habitual que se pierdan plazos importantes, para luego apresurarse a última hora. Reiteró la importancia de no penalizar a quienes se esfuerzan por reciclar.

El PSOE, por su parte, también apoyó el estudio de fórmulas que permitan aplicar las bonificaciones, haciendo hincapié en que estas lleguen a las personas más vulnerables. Ana Belén Álvarez, representante socialista, subrayó la necesidad de incentivar el reciclaje y destacó que la transición ecológica debe ser vista como un compromiso colectivo, no como una carga.

Finalmente, Armando Blanco de Vox criticó al Gobierno regional por la recaudación adicional de 16 millones de euros que se espera obtener con este aumento de tasas, argumentando que no se han introducido medidas compensatorias y asegurando que se está utilizando una excusa política. "Son una contradicción con patas", concluyó, haciendo referencia a la postura del Gobierno respecto a la fiscalidad de este impuesto.