En un desarrollo que ha generado intensas tensiones políticas, el Parlamento de Cantabria ha respaldado una iniciativa impulsada por el Partido Popular (PP), que cuenta con el apoyo del PRC y Vox, para que el Gobierno de España informe sobre la cantidad de dispositivos de pulseras antimaltrato que han presentado fallas desde el reciente cambio de operador.

La propuesta se traduce en una exigencia dirigida a la ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), demandando su dimisión y la divulgación de datos que permiten entender la magnitud de los problemas técnicos relacionados con el sistema de seguimiento de víctimas de violencia de género.

Los integrantes de la Cámara han hecho eco de su rechazo a cualquier medida que atente contra la protección de las mujeres que sufren violencia de género, enfatizando la necesidad de que el Gobierno asuma la responsabilidad de estos fallos que han comprometido la seguridad de las víctimas.

Desde el PP, el portavoz Juanjo Alonso ha denunciado la falta de acción del Gobierno, al considerar que ha permanecido en silencio frente a la crisis y ha atacado a los medios que han hecho eco del asunto. Subrayó que los problemas del sistema COMETA han provocado desde la pérdida de información vital hasta la posibilidad de que los agresores se deshagan de las pulseras de manera sencilla.

Alonso ha calificado la situación actual como "sumamente preocupante", abogando por medidas drásticas que incluyan pedir disculpas públicas y asumir responsabilidades políticas que garanticen un sistema de seguridad más confiable y efectivo.

En un tono confrontativo, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez, sugiriendo que este está sumido en una "espiral de corrupción" y actitudes machistas, aludiendo a una falta de responsabilidad que califica de moralmente inaceptable.

El diputado ha cuestionado, además, la postura del delegado del Gobierno en Cantabria, ya que este ha minimizado la situación, desestimando inicialmente las denuncias y negándose a proporcionar la información que se le pide.

La diputada socialista Norak Cruz, quien se opuso a la iniciativa, contrarrestó estas acusaciones asegurando que el Gobierno está llevando a cabo una investigación interna minuciosa y que, de hallarse negligencias, se tomarán las medidas necesarias para corregir el rumbo y evitar que se repitan incidentes similares.

Cruz también anunció iniciativas concretas para mejorar los mecanismos de protección, señalando que un nuevo contrato para las pulseras antimaltrato tiene como objetivo mejorar su rendimiento, especialmente en áreas rurales y propiciar que funcionen con mayor autonomía.

Reiteró que el compromiso del Gobierno hacia la lucha contra la violencia de género es inquebrantable y aspira a convertir esta causa en una política de Estado.

En otra posición, la representante de Vox, Leticia Díaz, criticó los fallos en el sistema, acusando al Gobierno de construir una narrativa ideológica que ha llevado a la "negligencia política" y a minimizar un problema que ella considera grave. Llamó a un cambio en la dirección del enfoque hacia un mayor realismo en la protección efectiva de las víctimas.

El PRC, al apoyar la proposición, hizo hincapié en la importancia de abordar la situación con objetividad, dado que los datos disponibles hasta la fecha han sido escasos y se han obtenido principalmente a través de denuncias de las propias víctimas, lo que hace difícil conocer la realidad completa de lo ocurrido.

La diputada Rosa Díaz hizo énfasis en la necesidad de transparencia, señalando que datos previos de las fuerzas de seguridad habían alertado sobre la falta de garantías adecuadas en las pulseras, a lo que la ministra había respondido de forma evasiva, lo que contribuiría a la desconfianza generada en torno a la gestión de la situación.