SANTANDER, 10 de noviembre.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado una iniciativa relacionada con el ambicioso proyecto del campus tecnológico de datos de Altamira, aunque el consenso entre los grupos políticos ha sido escaso. Este respaldo incluye un llamado al Gobierno de España para que integre las infraestructuras necesarias en su planificación energética que permitan llevar a cabo este proyecto vital para la región.

La propuesta, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, expresa apoyo a la postura del Gobierno de Cantabria (del PP) en su negociación con el Ejecutivo español (del PSOE y Sumar), solicitando el respaldo necesario para la implementación de esta inversión, proyectada en 3.600 millones de euros. Se estima que crearán más de 1.500 empleos durante su fase de desarrollo y sobre 1.450 durante la operación del proyecto.

Los parlamentarios han instado al Ejecutivo central a considerar en la fase de alegaciones para la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica de cara a 2030 la inclusión de las infraestructuras eléctricas que serán imprescindibles para el desarrollo de esta actuación, que se planea ubicar en Villaescusa y Piélagos.

A pesar de que la propuesta fue defendida por Eduardo Arasti, consejero de Industria, el consenso esperado no fue alcanzado. Tanto PRC como PSOE se abstuvieron, justificando su postura por la falta de aceptación de enmiendas que plantearon respecto a este ambicioso proyecto.

Los grupos regionalistas y socialistas han manifestado que, aunque reconocen la importancia del proyecto, tienen “dudas” que les impiden proporcionar un apoyo incondicional. Estas preocupaciones se basan en la falta de información detallada y garantías adecuadas. Pedro Hernando, portavoz del PRC, ha enfatizado que el Gobierno ha presentado al Parlamento solo documentos limitados sobre una inversión de tal magnitud.

El PRC había solicitado introducir enmiendas para garantizar que el Gobierno presente en un plazo de un mes toda la documentación requerida por la empresa promotora, incluyendo análisis y estudios necesarios que justifiquen la viabilidad del proyecto, así como una estimación más precisa del empleo generado y su impacto en la economía local.

La creación de 1.450 empleos en la fase operativa ha sido recibida con escepticismo, ya que otras inversiones de características similares en la región generan menos puestos de trabajo. Hernando ha señalado que la información proporcionada no justifica este elevado número de empleos y ha expresado preocupaciones respecto a las fuentes utilizadas en el informe de la Universidad de Cantabria.

El PRC ha reiterado la necesidad de que se aporte información completa sobre el proyecto, demandando claridad sobre los beneficios económicos y el consumo de energía asociado, antes de tomar decisiones definitivas.

Por otro lado, el PSOE ha subrayado que, aunque el proyecto representa la mayor inversión tecnológica para Cantabria y promete una transformación socioeconómica relevante, no se están expuestas sus posibles debilidades y riesgos, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad del mismo.

El PSOE ha cuestionado en qué basamento el Gobierno ha calificado a Altamira como el proyecto más sólido y eficiente de su tipo en España, sugiriendo que debería existir un marco regulador que establezca criterios claros para evaluar proyectos de estas características.

El Partido Popular ha criticado las enmiendas de PRC y PSOE, considerándolas innecesarias y un reflejo de un resentimiento político, bajo el argumento de que la inversión privada que se busca atraer es fundamental para la comunidad.

En contraposición, Vox ha apoyado la iniciativa desde un sentido de responsabilidad hacia los ciudadanos de Cantabria, aclarando que este apoyo no equivale a dar un cheque en blanco al proyecto, manteniéndose en una posición cautelosa y expectante.

Durante la sesión, se abordó otra iniciativa que también se relaciona con el proyecto de Altamira y la necesidad de aumentar la capacidad energética en la región para facilitar su desarrollo, la cual también fue aprobada por el PP y Vox, pero que contó con el rechazo de PRC y PSOE.

Por último, los movimientos de Vox y PP sugieren priorizar la soberanía industrial dejando de lado consideraciones climáticas, proponiendo una reestructuración en la planificación energética que se aleje de dogmas ambientales, incluso pidiendo la paralización del cierre de centrales nucleares.