El desarrollo del nuevo Plan de Gestión del Lobo en Cantabria se enfrenta a un importante desafío, ya que la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha recibido 164 alegaciones durante su consulta pública. Este número significativo de aportaciones será evaluado en breve, lo que incidirá en la redacción final del plan.

Entre las alegaciones presentadas, sobresalen las opiniones de diversas organizaciones ecologistas que han hecho escuchar su voz, muchas de ellas coincidiendo en puntos clave. Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha intervenido, presentando una serie de observaciones que serán tenidas en cuenta por el gobierno regional, según la información compartida con Europa Press.

El enfoque del MITECO se centra en la propuesta del Plan, que establece una extracción máxima del 20% de la población de lobos, lo que equivale a 41 ejemplares en la actual temporada. Este organismo ha expresado su preocupación por la falta de materiales científicos actualizados y datos sobre la mortalidad de la especie, lo que suscita interrogantes sobre la sostenibilidad de este límite de extracción.

En respuesta a la alegación del MITECO, la consejera María Jesús Susinos se ha manifestado "sorprendida". La alegación, firmada por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, solicita a Cantabria que realice una revisión exhaustiva del plan. Susinos ha interpretado esta petición como parte de un intento por reintegrar al lobo en el listado de especies protegidas, un argumento que ha sido recurrente en las discusiones desde la exclusión de esta especie del LESPRE.

Todo lo planteado será discutido en la próxima reunión de la Mesa del Lobo, programada para mediados de octubre. Paralelamente, se está elaborando un documento técnico justificativo que deberá completarse antes de que se inicie la tramitación administrativa formal, con el objetivo de que el decreto sea aprobado hacia finales de 2025 o principios de 2026.

Después de concluir la fase de consulta pública, el Gobierno de Cantabria se dispondrá a cerrar el texto definitivo y activar el procedimiento necesario para su ratificación a través de un decreto. La meta es que el documento final posea un "suficiente apoyo técnico y político" que permita su implementación antes de que termine el año en curso.