El Ayuntamiento de Santander da un paso más en su camino hacia el futuro al aprobar el presupuesto para 2026, que asciende a 265 millones de euros. Este acuerdo, alcanzado en la última sesión ordinaria del año, contó exclusivamente con el respaldo del Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta, mientras que toda la oposición —que incluye al PRC, PSOE, Vox e IU— se pronunció en contra.

En la misma línea, se aprobaron las nuevas tasas de alcantarillado y suministro de agua, junto con la plantilla municipal para el próximo año, también respaldadas únicamente por el PP. La oposición ha manifestado su descontento al considerar que el gobierno municipal intenta confundir los temas al tratar estos cuestiones tan relevantes de forma conjunta.

Felipe Piña, portavoz del PRC, ha calificado de "error" la fusión de los debates sobre las tasas y el presupuesto, argumentando que la falta de claridad podría perjudicar el desarrollo de asuntos esenciales para la ciudad. En este sentido, ha criticado el presupuesto por su falta de transparencia y de propuestas innovadoras.

El representante del PSOE, Daniel Fernández, respalda esta crítica, señalando que el presupuesto refleja una visión limitada que no contempla el futuro de Santander. Para él, los números presentados carecen del impulso necesario para transformar la ciudad, volviendo a centrarse en una gestión que parece anclada en el pasado.

Fernández también ha expresado su preocupación sobre la situación actual de la ciudad, describiéndola como "la de los contratos externalizados y las obras interminables", y ha puesto en entredicho el impacto de un contrato "millonario" destinado al servicio de limpieza, dejando entrever si realmente solucionará los problemas persistentes.

Con respecto al incremento de las tasas de agua y alcantarillado, ha advertido que este aumento de más del 15% en los últimos años —sumado a un nuevo 2,7%— desafía la lógica de un servicio público. Ha denunciado que la privatización de este servicio ha complicado el acceso y ha implicado pagar tributos a empresas privadas.

La crítica también ha llegado desde Vox, que ha calificado el presupuesto como un reflejo de "continuidades del pasado" y ha planteado la cuestión del clientelismo a través de subvenciones. Para ellos, este presupuesto favorece el gasto en personal y funcionamiento diario, dejando de lado las inversiones que realmente necesita Santander.

El municipio también ha sido acusado de omitir el apoyo a proyectos en beneficio de los ciudadanos en pro de una agenda ideológica consolidada entre los grandes partidos, que según Vox, no aborda las verdaderas preocupaciones sociales, como el acceso a la vivienda o a la natalidad local.

Izquierda Unida también ha manifestado su oposición a los incrementos de impuestos, destacando que estas decisiones son un mal trato hacia los trabajadores municipales. Su representante, Keruin Martínez, ha sido claro en su rechazo a las decisiones adoptadas en el pleno.

Por otro lado, el concejal de Economía, Javier García, ha defendido la elaboración del presupuesto frente a un entorno repleto de incertidumbre que ha limitado las posibilidades de acción del Ayuntamiento. García asegura que las tasas de agua han sido ajustadas de acuerdo con el IPC y están amparadas por la legislación vigente, y que esta decisión no es sino un cumplimiento de las obligaciones establecidas.

Finalmente, la alcaldesa Gema Igual ha reconocido que no esperaba el apoyo de la oposición para el presupuesto, aunque ha acusado a sus miembros de hipocresía por no señalar el aumento de la tasa de basuras, atribuido a decisiones del gobierno central. Ha defendido que el incremento del 2.5% en la tasa de agua es menor comparado con otros aumentos más significativos, reiterando que se realizan controles regulares sobre los servicios privatizados.