Un ambiente de consenso se ha generado en el Parlamento de Cantabria, donde se ha instado al Gobierno a comenzar las negociaciones para mejora salarial de los docentes, cuyo salario no se actualiza desde hace más de 16 años. Esta moción, apoyada por diversos grupos, refleja la creciente preocupación sobre las condiciones laborales de los educadores en la región.

Durante la sesión plenaria del lunes, el Grupo Popular dio su visto bueno a una moción presentada por Vox que solicita al Ejecutivo que se preste una especial atención al estudio de la extensión de los conciertos educativos en Bachillerato para aquellos centros que ya tienen la modalidad concertada en Educación Infantil y ESO. Sin embargo, este tema dio pie a un debate que evidenció las diferencias entre las fuerzas políticas presentes en el Parlamento.

La propuesta de iniciar la negociación para la revisión salarial de los docentes nació del PSOE, y cuenta con el apoyo unánime de todo el Parlamento, lo que denota el interés colectivo en garantizar mejores condiciones para los educadores. La aprobación de esta iniciativa fue facilitada por una enmienda del PP, que apunta a mejorar la situación de aquellos que forman el pilar fundamental de la educación en Cantabria.

El pleno de la jornada marcó el primer día como diputado no adscrito de Cristóbal Palacio tras abandonar las filas de Vox. La moción sobre la educación concertada fue presentada en un contexto de críticas por parte de PRC y PSOE, quienes manifestaron su desacuerdo con las demandas de Vox, que, además de abogar por nuevos conciertos en Bachillerato, exige garantizar a las familias la libertad de elección de colegio público, sin limitarse a la zonificación.

Los miembros del PP, que tienen el gobierno regional en minoría, argumentaron a favor de la moción, defendiendo un equilibrio entre la educación pública y concertada. Además, hicieron hincapié en que sus presupuestos están diseñados para corregir la infrafinanciación que afecta a ambas modalidades educativas, destacando que en la actualidad se invierte más que nunca en la educación privada sostenida con fondos públicos.

Las críticas en torno a la actitud del consejero de Educación, Sergio Silva, en torno a la defensa de la educación concertada fue un punto recurrente durante la discusión. Álvaro Aguirre, diputado del PP, respondió así a las acusaciones de Vox, subrayando que la inversión en sostenimiento de centros concertados es más alta que en cualquier otro momento de la historia de Cantabria.

Vox, por su parte, argumentó que su moción era necesaria ante lo que consideraron evasión del consejero en debatiendo el tema crucial de la educación concertada. Armando Blanco, un diputado de dicho grupo, insinuó que el conseller podría estar actuando con miedo a las reacciones del sindicato docente STEC, lo que evidenciaría una falta de compromiso con el fortalecimiento de la educación concertada.

Los regionalistas y socialistas criticaron abiertamente la moción de Vox, argumentando que va en contra del Acuerdo por la Educación de Cantabria firmado en 2018 y que goza del respaldo mayoritario de la comunidad educativa. María Teresa Noceda, del PRC, destacó que priorizar la educación concertada beneficia únicamente a las familias de mayores recursos, y que lo realmente importante es la proximidad de los centros educativos a los hogares de los estudiantes.

El PSOE, además, expresó su preocupación por lo que el partido consideró una amenaza al sistema educativo, señalando que la enunciación de "libertad" por parte de Vox esconde una agenda de privilegios y desigualdad. Jorge Gutiérrez, diputado socialista, lamentó que el PP, al hacer concesiones a Vox, está poniendo en riesgo los consensos fundamentales en materia educativa, lo cual podría tener repercusiones negativas en la educación pública de Cantabria.

Gutiérrez también defendió la proposición no de ley presentada por el PSOE para reanudar las negociaciones salariales con los docentes, argumentando que estos han contribuido significativamente a la educación en la comunidad y es justo que obtengan una compensación adecuada. Se subrayó la necesidad de revisar los recortes previos implementados durante el mandato del PP, que habrían afectado el estatus salarial del colectivo educativo.

Mientras la propuesta original del PSOE buscaba incluida en los Presupuestos Generales de Cantabria para 2025 una actualización inmediata de los complementos salariales, el PP modificó la propuesta para establecer un calendario que dependa de la disponibilidad presupuestaria. Esto generó algunas tensiones, con el PP acusando al PSOE de estar desubicado y arriesgar el proceso de negociación mediante exigencias inmediatas.

Álvaro Aguirre criticó fuertemente al PSOE por el manejo que han hecho de las políticas educativas durante sus mandatos, acusándolos de huir de la responsabilidad y preferir no comprometerse en la gestión que requiere tomar decisiones difíciles. Según Aguirre, el PSOE ha sido hipócrita al cargar la culpa sobre el PP por decisiones que fueron también parte de su gestión pasada.

Vox, aunque se mostró a favor de la mejora salarial de los docentes, también cuestionó la sinceridad del PSOE al abordar el tema. Armando Blanco sugirió que la retórica actual del partido socialista obedece más a un intento de recuperar credibilidad que a un compromiso genuino con el profesorado, subrayando que durante su tiempo en el poder, no lograron alcanzar acuerdos positivos sobre las condiciones retributivas de los educadores.

Por su parte, los regionalistas enfatizaron la adaptabilidad y resiliencia de los docentes ante situaciones complejas, como los cambios legislativos y la pandemia, y argumentaron que existen razones sólidas para llevar a cabo las mejoras salariales que se demandan. La búsqueda por el bienestar docente se alza como una prioridad en este contexto de debates educativos, marcando el rumbo hacia una educación más justa e inclusiva.