El Tribunal Constitucional ha tomado una decisión que marca un nuevo capítulo en el debate sobre la ley de amnistía, al rechazar parcialmente el recurso presentado por el Parlamento de Cantabria. Este fallo implica que no todos los artículos de la ley deben clasificarse como de carácter orgánico, lo que abre la puerta a una regulación más flexible para ciertos aspectos de la norma.

En este contexto, el TC también ha invalidado el recurso del Gobierno de las Islas Baleares, argumentando que sus críticas coinciden en gran medida con las de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que ya habían sido desestimadas. Así, Baleares suma un 'no' más a la lista de regiones que han cuestionado la ley.

En el caso de Cantabria, el tribunal ha dado la razón en parte a la Cámara regional, reconociendo que algunos artículos de la ley de amnistía no necesitan ser aprobados como ley orgánica, una categoría que requiere una mayoría absoluta para su modificación. En lugar de eso, pueden ser considerados como leyes ordinarias, que solo exigen una mayoría simple.

El fallo del TC señala que la "exención de responsabilidad penal" respecto a delitos con penas de prisión es una cuestión que sí está sujeta a la reserva de ley orgánica, dado que afecta directamente al derecho fundamental a la libertad. Sin embargo, el tribunal determina que los artículos relacionados con la amnistía fuera del ámbito penal tienen carácter de ley ordinaria.

El tribunal aclara que esta decisión no implica la nulidad de los artículos en cuestión, sino que se establece que ciertos aspectos de la ley no son orgánicos, y pueden seguir adelante como leyes ordinarias.

Además, el recurso presentado por el Parlamento de Cantabria impugnaba la ley en su totalidad, alegando que era incompatible con la Constitución e infringía principios como la seguridad jurídica y la igualdad. Sin embargo, el tribunal desestimó estas alegaciones, manteniendo la validez de la ley.

En cuanto al recurso de las Islas Baleares, el TC ha argumentado que la ley no favorece a un grupo específico de ciudadanos de manera injusta, tal y como se había señalado. Según el tribunal, "el legislador tiene la potestad de establecer diferentes tramitaciones en función de la naturaleza y finalidad de los procedimientos, sin que esto requiera una uniformidad absoluta".

Cabe mencionar que las decisiones del tribunal han contado con el voto en contra de los magistrados conservadores, quienes expresaron sus disidencias en relación con la interpretación de la ley en cuestión, evidenciando la división que persiste en el seno del propio tribunal constitucional.