El 2 de diciembre en Santander, se ha dado un paso significativo en la atención a la fiscalización pública, luego de que el Tribunal de Cuentas decidiera aceptar la denuncia presentada por Podemos Cantabria respecto al acuerdo establecido entre el Servicio Cántabro de Salud y el Hospital Santa Clotilde. Este hecho ha llevado al tribunal a abrir una pieza de Acción Pública, además de remitir toda la documentación pertinente al Ministerio Fiscal para su evaluación.

Según lo revelado en un documento oficial consultado por Europa Press, el Tribunal ha solicitado aclaraciones a Podemos sobre su rol en esta denuncia, si actúa como simple denunciante o si se mueve en el ámbito de la acción pública para demandar responsabilidad contable.

La denuncia de Podemos resalta la magnitud del contrato en cuestión, que se estima oscila entre los 254 y 320 millones de euros, con un plazo de ejecución de 16 a 20 años. La formación política ha señalado la necesidad de un análisis exhaustivo del convenio y ha instado al Gobierno regional, dirigido por el Partido Popular, a suministrar la documentación y las explicaciones pertinentes.

Podemos ha manifestado su preocupación por la posible asignación de recursos públicos de gran envergadura sin una justificación adecuada y sin las debidas garantías de eficiencia. Este partido también ha elevado sus quejas acerca de la falta de transparencia, presentándolas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En su reclamación, Podemos denuncia que la Consejería de Salud ha ignorado solicitudes de información pública sobre este convenio. A raíz de esto, el Consejo de Transparencia ha decidido abrir un expediente para investigar las reclamaciones dirigidas al departamento que lidera César Pascual.

La reacción conjunta del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Transparencia ante las denuncias de Podemos es, según el partido, un indicativo de que hay motivos sólidos para generar alertas sobre este asunto. "Ambas instituciones han confirmado la necesidad de examinar la transparencia, la legalidad y el impacto económico de este acuerdo sanitario", afirman desde Podemos.

Desde su perspectiva, un contrato de esta magnitud exige una justificación económica robusta, un análisis real de alternativas públicas y garantías adecuadas para asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Por ello, instan al Gobierno regional a que difunda el expediente completo sin tardanza y advierten que, de encontrarse irregularidades o daños a los fondos públicos, se exigirán responsabilidades por las posibles incongruencias halladas.