En Santander, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, ha denunciado la crítica situación que atraviesan varias jurisdicciones en la región, afectadas por una notable escasez de jueces. Las áreas más impactadas son la jurisdicción social y civil, las cuales se encuentran al borde del colapso, resaltando un déficit que ha repercutido en la capacidad operativa del sistema judicial.

Durante su intervención en el Parlamento regional, donde presentó la Memoria Judicial 2024, López del Moral expuso que la problemática se refleja en la alta litigiosidad, que ha crecido alarmantemente casi un 20% en comparación con el año anterior, con un total de 91.905 nuevos casos registrados. En particular, la situación en la jurisdicción de menores resulta inquietante, debido al incremento de delitos asociados a las nuevas tecnologías, como el sexting y el ciberbullying.

A pesar de esta grave carencia de recursos humanos en el sector judicial, Cantabria se presenta con una tasa de asuntos pendientes notablemente inferior a la media nacional y la tasa de resolución más alta del país, lo que significa que casi se han resuelto tantos casos como los nuevos ingresos. La productividad también ha aumentado, con una subida del 25% en el desempeño de los jueces en comparación con el pasado año.

Específicamente, en el ámbito social, el ingreso de nuevos casos ha aumentado un 15%, mientras que la resolución ha crecido en un 27%, lo que ha hecho disminuir la cantidad de asuntos pendientes, a pesar de que aún se mantiene un alto nivel de litigiosidad, superando la media nacional en tres puntos.

En cuanto a la jurisdicción civil, las cifras son aún más preocupantes, con un aumento cercano al 40% en los casos entrantes y un 39,8% en la resolución, lo que ha contribuido al aumento de la carga pendiente. López del Moral subrayó que es insostenible el incremento de la pendencia cuando hay una desproporción entre los recursos disponibles y el volumen de casos a abordar, sugiriendo que la solución sería simple: aumentar el número de jueces en aquellas áreas con mayor carga.

El presidente del TSJC expresó su frustración ante el hecho de que, a pesar de la creciente necesidad de recursos en el sistema judicial, se haya optado por eliminar el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que se convertirá en un órgano especializado en Violencia sobre la Mujer. Si bien López del Moral apoya la creación y el fortalecimiento de estas unidades, argumenta que no debe ser a expensas de otras instancias judiciales necesarias para la protección de los derechos de los ciudadanos.

Aunque no forma parte del periodo evaluado en la Memoria Judicial, López del Moral también mencionó el impacto de la nueva Ley de Medidas de la Eficiencia del Sector Público, que ha influido en la implementación del Pacto por la Justicia en Cantabria. Esta ley ha llevado a la creación de tribunales de instancia en la mayoría de los partidos judiciales de la región, tarea reconocida como un gran esfuerzo en un tiempo limitado.

Finalmente, el presidente del TSJC elogió la reciente renovación del Consejo General del Poder Judicial, celebrando el consenso logrado en su formación y destacando que los nuevos miembros cumplen con criterios de relevancia profesional y objetividad, seleccionados por sus colegas de trayectoria.

Sin embargo, López del Moral también hizo hincapié en la creciente preocupación por el aumento de delitos a través de internet que afectan a menores, así como en las cifras alarmantes relacionadas con ejecuciones hipotecarias y otros procedimientos judiciales que han visto un incremento en su volumen este año.

En el ámbito de la violencia de género, aunque se registraron 33 denuncias menos en relación al año anterior, se destacó el hecho de que un 39% de las mujeres que denunciaron decidieron continuar con el procedimiento judicial, una señal alentadora para el sistema. Sin embargo, el presidente advirtió que el panorama podría no ser tan favorable en el futuro.

Por último, López del Moral centró parte de su pronunciamiento en el bajo nivel de participación de mujeres en cargos judiciales, señalando la carga desigual que soportan en términos familiares, lo que limita su acceso a puestos de responsabilidad dentro de la judicatura.