El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha fallado en contra de la solicitud de diversas familias y docentes del Centro de Educación Infantil y Primaria El Pedregal, situado en Castro Urdiales, quienes pedían la suspensión cautelar del cierre de esta institución educativa. La decisión se dio a conocer el 21 de agosto y se ha publicado recientemente.

Además de desestimar la suspensión, el TSJC también ha rechazado la solicitud de anulación de la reducción de plazas docentes en este centro, lo que implica que los padres no podrán matricular a sus hijos en el CEIP para el curso académico 2025-2026 si así lo desean. Esta determinación fue anunciada en un auto del tribunal, que se basa en argumentos ofrecidos por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.

Las familias, organizadas a través del AMPA de El Pedregal, así como los docentes y el sindicato STEC, habían impugnado un decreto cuya implementación significará la eliminación de ocho centros educativos en diversos municipios de la región, incluyendo El Pedregal. Esta modificación responde a la decisión de la Fundación Barquín Hermoso, que no renovará el contrato de cesión del edificio que alberga el centro.

Según los jueces, la mera posibilidad de perder el edificio es suficiente justificación para que la Consejería realice cambios en la estructura educativa. La sentencia sugiere que el cierre del centro afectará solamente a aquellos que actualmente resisten la medida, pero no a los derechos educacionales generales, siempre que haya alternativas adecuadas de escolarización.

El tribunal subraya que quienes impugnan la decisión no han demostrado de manera suficiente que el cierre del CEIP represente un obstáculo significativo para el acceso a la educación. En este sentido, los jueces critican la falta de argumentación concreta que demuestre el impacto negativo que dicha supresión tendría sobre los estudiantes, especialmente en términos de accesibilidad y calidad educativa.

El TSJC también desestima las afirmaciones de que el cierre generaría problemas emocionales en los alumnos debido a la pérdida de compañeros y profesores. Para los magistrados, estas alegaciones carecen de respaldo objetivo y no constituyen un argumento válido para interponer la demanda.

El auto aclara que, al igual que la creación de colegios, la eliminación de instituciones educativas es una decisión administrativa que no depende de la opinión de terceros. Se reafirma, además, que el cierre del centro conllevará un ahorro significativo de recursos, siendo el mantenimiento del mismo innecesario en la actualidad.

Sergio Silva, consejero de Educación, ha respaldado la decisión del TSJC, afirmando que no se han violado los derechos educativos de los estudiantes, quienes serán matriculados en otros centros de la localidad. Silva ha destacado que la reducción de recursos se circunscribe a una gestión eficiente y responsable dentro de sus facultades administrativas.

Por último, el consejero hace un llamado a la responsabilidad colectiva, buscando evitar la politización de debates que giran en torno a la escolarización de los niños en Cantabria. Bajo su perspectiva, todas las acciones tomadas están dirigidas a asegurar el bienestar de los menores y la adecuada utilización de los recursos educativos disponibles.