SANTANDER, 18 Dic. - El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado el recurso presentado por la Asociación de Profesores de Religión en Centros Estatales contra el decreto de 2022 del Gobierno de Cantabria que estableció el currículo en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato. El tribunal considera que no hay discriminación hacia los alumnos que cursan esta asignatura en comparación con otras alternativas.

Según la Asociación, los estudiantes que estudian religión enfrentan discriminación, ya que las alternativas no tienen una programación de contenidos ni son evaluable. Sin embargo, el tribunal argumenta que todas las asignaturas son tratadas de igual forma en el decreto, y que cada institución tiene la discreción de establecer el contenido y la evaluabilidad de sus asignaturas, sin que ello constituya una discriminación.

La sentencia del TSJC también hace referencia a una resolución del Tribunal Supremo de julio pasado que establece que tanto los estudiantes que asisten a religión como aquellos que cursan la asignatura alternativa deben alcanzar los objetivos establecidos por la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 2018. En este sentido, el tribunal considera que las alternativas curriculares para los alumnos que no eligen religión son adecuadas y cumplen con los criterios recomendados por el derecho de la Unión Europea.

En relación a la solicitud de que la alternativa sea evaluable, el Tribunal Supremo ya se pronunció sobre esto en una sentencia de 1998, en la que estableció que no es razonable que aquellos que eligen formación religiosa tengan el derecho constitucional de imponer que las condiciones de evaluación se apliquen a actividades alternativas no cubiertas por dicha garantía.

Finalmente, el TSJC destaca que el decreto impugnado no infringe el tratado internacional con la Santa Sede que garantiza la obligatoriedad de ofrecer la asignatura de religión en la ESO y Bachillerato. La resolución respeta lo establecido en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se destaca el carácter voluntario de la formación religiosa, la inclusión obligatoria de la misma y el trato equiparable con otras disciplinas fundamentales, tal como lo exige el acuerdo con la Santa Sede.