Este martes 17 de diciembre, a las 17.30 horas, se llevará a cabo una concentración de empleados públicos del Gobierno de Cantabria frente a la sede de Peñaherbosa, convocada de manera unánime por la Junta de Personal de Funcionarios y el Comité de Empresa. La manifestación busca expresar el descontento por la falta de diálogo y la toma de decisiones unilateral por parte de la administración regional.

La convocatoria, respaldada por los sindicatos CCOO, TU, UGT, SIEP, CSIF y SUC, se produjo tras una deliberación que dejó patente el enfado colectivo de los representantes de los trabajadores. En un comunicado emitido este sábado, hicieron hincapié en que la medida es una respuesta a meses de incertidumbre y una situación que se ha vuelto insostenible, marcado por una clara falta de negociación.

Los funcionarios han ejemplificado esta indignación mencionando que, hasta la fecha, no se han convocado los concursos abiertos y permanentes, ni se han ofrecido todas las plazas en los concursos de traslado. También señalaron que existe una ineficiencia en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), además de un notable aumento en las comisiones de servicio, que actualmente superan las 600, lo que sugiere un uso inadecuado de este recurso.

Por otro lado, los representantes del personal laboral han elevado su voz ante la negativa a recibir propuestas relacionadas con los temarios de formación y la bibliografía que facilitaría el estudio necesario. También persiste la incertidumbre respecto a las oportunidades de promoción interna, lo que añade un nivel extra de preocupación y desilusión entre los trabajadores.

La falta de convocatorias se extiende incluso a la Junta de Personal, que hasta hace poco no había sido llamada para dialogar acerca del reparto de los Fondos Adicionales, los cuales, para el año 2024, ascienden a cuatro millones de euros como resultado del cumplimiento de la Ley de Presupuestos del Estado. Esta situación ha llevado a una firme postura de rechazo de la propuesta presentada por el Gobierno, considerada arbitraria por todos los sindicatos involucrados.

En un encuentro reciente entre el Comité de Empresa y la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, se confirmó que el personal laboral no recibirá apoyo financiero en 2024. Los 473.000 euros previstos para 2023 están ahora fuera de alcance, y para 2025 se estima que únicamente se asignarán un millón y medio de euros para el convenio, cantidad claramente insuficiente para abordar las necesidades del personal.

Frente a estos retos, las organizaciones sindicales han alzado su voz, denunciando que los fondos adicionales están siendo controlados enteramente por la Administración, dejando a los empleados públicos al margen de decisiones que les conciernen directamente y, lo que es más preocupante, sin los recursos necesarios para su correcto funcionamiento y desarrollo profesional.