El Gobierno de Cantabria se ha comprometido a intensificar las acciones de supervisión de los entornos laborales en 2026, programando un total de 7.590 inspecciones. Esta iniciativa responde a las 738 infracciones identificadas hasta octubre de 2025, una cifra que resalta la importancia de priorizar la seguridad en todos los espacios de trabajo.

Los resultados obtenidos el año pasado son fruto de un total de 1.786 intervenciones por parte de los inspectores, así como de 2.017 solicitudes para evaluar y mejorar las condiciones de seguridad y salud en las empresas. Estas acciones abarcan áreas vitales como la evaluación de riesgos, la planificación de medidas preventivas, así como la formación y concienciación de los trabajadores sobre la importancia de la vigilancia de la salud y el uso adecuado de equipos de protección personal.

Las infracciones detectadas durante 2025 han tenido un impacto directo en 3.276 trabajadores, generando una multa total de 1,54 millones de euros, según ha revelado el Gobierno regional. Esta alarma subraya la necesidad de seguir trabajando en pro de la protección de los derechos laborales.

De cara a 2026, se implementarán campañas innovadoras centradas en la prevención de riesgos asociados a la edad, así como medidas para abordar las secuelas de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Este enfoque integral también incluirá iniciativas que aborden los riesgos laborales desde la perspectiva de género y la protección de aquellos en etapa de embarazo, posparto y lactancia, adaptando los espacios laborales a personas con discapacidades.

A pesar de los retos, el número total de accidentes laborales ha mostrado una tendencia a la baja, con 5.036 incidentes registrados en 2025, lo que representa un descenso del 7% en comparación con el año anterior. La mayoría de estos casos fueron clasificados como leves y se concentraron en el sector servicios, lo cual refleja un avance hacia un entorno laboral más seguro.

En particular, los accidentes ocurridos durante el trayecto al lugar de trabajo, conocidos como 'in itinere', también han disminuido en un 2%, bajando de 703 a 687 incidentes. Además, las lesiones laborales que resultaron en bajas laborales se han reducido en más de un 2%, alcanzando una tasa de siniestralidad de 1.957, la más baja desde 2011 en la región.

Estas cifras fueron presentadas en el reciente pleno del Consejo Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo por el consejero de Empleo, Eduardo Arasti. Durante su intervención, Arasti destacó el impacto de las políticas y medidas adoptadas en esta legislatura para mejorar la salud y seguridad de los trabajadores a través del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).

El consejero también hizo hincapié en el papel fundamental del ICASST para reducir la ausencia laboral por contingencias profesionales, lo que implica la colaboración con diversas instituciones, agentes sociales y empresas de Cantabria. Esto subraya la importancia de un esfuerzo conjunto para garantizar un entorno de trabajo más seguro y saludable.

Dentro de esta estrategia, se han puesto en marcha 64 controles sobre la siniestralidad laboral y 157 iniciativas del programa 'Aprender', además de ocho informes que investigan los accidentes y enfermedades laborales ocurridos en el año. Estos informes reportaron 44 accidentes graves, así como 18 casos de enfermedades vinculadas al trabajo, lo que llevó a la realización de 219 pre-investigaciones y numerosas acciones correctivas.

Por otra parte, para fortalecer la gestión de la seguridad y salud en las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la comunidad, el ICASST ha llevado a cabo 38 actividades formativas que han beneficiado a 538 participantes, además de ofrecer cursos básicos de prevención a 73 alumnos.

También se han elaborado 64 informes sobre convenios colectivos que impactan sectores significativos como el transporte de mercancías, el comercio de bebidas y la industria textil, afectando a 48 empresas y 16 sectores industriales en total.

El proyecto Circula, implementado en colaboración con la Dirección General de Tráfico, ha visto la participación de 34 empresas desde su inicio hace tres años, de las cuales nueve se han sumado por primera vez en este último año. Esta participación es un claro indicio de la creciente concienciación sobre la seguridad vial en el entorno laboral.

Finalmente, Arasti se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones para plantear iniciativas sobre la planificación anual de las mutuas en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Asimismo, ha sugerido al Ministerio la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto y la implementación de un plan para prevenir conductas suicidas, como parte de un enfoque más amplio de salud mental en la región.