En un corto periodo de tiempo, específicamente en apenas un mes, más de 100 solicitudes han sido presentadas en el marco del programa de mejora de accesibilidad en viviendas de Cantabria, lo que ha llevado al agotamiento de los 6,4 millones de euros inicialmente presupuestados para esta convocatoria.

El Gobierno de Cantabria ha decidido incrementar la cantidad destinada a estas ayudas, alcanzando un total de 10 millones de euros. Esta decisión se toma en vista de la demanda significativa que ha mostrado la ciudadanía desde la apertura de la convocatoria el pasado 16 de octubre, momento en el que se registraron 117 solicitudes vinculadas a 1.768 viviendas, lo que ha llevado a que los recursos disponibles se agoten rápidamente.

Roberto Media, el consejero de Vivienda, ha hecho este anuncio durante una jornada informativa organizada por el Colegio de Administradores de Fincas. En sus declaraciones, Media subrayó la necesidad apremiante de estas ayudas, destacando que existía una larga espera desde que, en 2021, se publicara una convocatoria similar. “Esto demuestra que son ayudas imprescindibles, que funcionan y que los ciudadanos necesitan”, enfatizó el consejero.

Media también proporcionó detalles sobre las solicitudes hasta la fecha. Entre las 117 presentadas, 10 han sido inadmitidas y 3 rechazadas, dejando un total de proyectos que representarán una inversión estimada de 13.352.951 euros. Esto implica que el monto total de las ayudas ya supera los 6,6 millones de euros, superando la cantidad originalmente prevista.

A pesar de los esfuerzos por aumentar la partida destinada a estas ayudas, el consejero advirtió que, si la tendencia en la presentación de solicitudes continúa, los 10 millones de euros adicionales podrían agotarse en pocas semanas. Además, afirmó que, una vez que se alcance este límite, el decreto se cerrará para evitar generar expectativas incumplibles en los solicitantes.

Media, quien estuvo acompañado por Tomas Orallo, subdirector general de Vivienda, y Alberto Ruiz Capillas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas, resaltó que este Decreto tiene un impacto positivo no solo en la calidad de vida de personas mayores o con movilidad reducida, sino también en la creación de empleo y el impulso a la economía local.

Las ayudas están enfocadas principalmente en la instalación de ascensores, pero cubren también otras intervenciones necesarias como salvaescaleras, rampas y mecanismos automatizados para apertura de puertas. Su objetivo es facilitar la vida independiente y la autonomía de las personas con movilidad reducida, tanto en edificios como en hogares unifamiliares.

Asimismo, se incluyen dispositivos adaptados para personas con discapacidad sensorial o intelectual, así como sistemas de información y comunicación que faciliten la orientación en el uso de espacios como escaleras y ascensores. Además, se contempla la instalación de tecnología domótica que mejore la autonomía de las personas mayores o con discapacidad y optimice la seguridad y accesibilidad en la edificación.

Para poder acceder a estas ayudas, las viviendas y edificios deben haber sido finalizados antes de 2006 y deben constituir el domicilio habitual y permanente de al menos uno de los propietarios o arrendatarios. En el caso de edificios de vivienda colectiva, se exige que al menos el 50% de las propiedades sean residencias permanentes.

También es necesario contar con la licencia de obra municipal correspondiente a la actuación que se quiere llevar a cabo y presentar la debida documentación técnica exigida. En este sentido, Media destacó que se ha implementado un nuevo sistema que acortará los plazos de tramitación, donde la fase de calificación se reemplaza por una declaración responsable que certifique que se cuenta con la documentación necesaria.

En términos de las ayudas, para viviendas unifamiliares, se establecerá un límite del 40% del coste total de la actuación, que se elevará al 50% si reside una persona mayor de 65 años o con discapacidad en el hogar. La cuantía máxima se incrementa de 8.000 a 12.500 euros por vivienda. Si además reside una persona con un grado de discapacidad del 33% o más, esta suma puede llegar hasta los 18.000 euros, siempre manteniendo los límites porcentuales antes mencionados.

En el caso de edificios de comunidades de vecinos, el límite de la ayuda se mantiene en el 40% del coste de la intervención, subiendo al 50% si hay personas mayores o con discapacidad viviendo en el edificio. La cantidad máxima subvencionable también se ajusta al alza, pasando de 8.000 a 9.000 euros por vivienda, con condiciones similares para los casos de discapacidad. Asimismo, los locales comerciales podrán acceder a una ayuda de hasta 90 euros por metro cuadrado construido, siempre dentro de los límites establecidos.