El Gobierno de Cantabria se ha decidido a analizar con detenimiento todos los aspectos relacionados con el rescate de un surfista madrileño de 30 años, que tuvo lugar el pasado 8 de diciembre en Suances. Este episodio se produjo en un día en el que la costa de la región se encontraba bajo alerta naranja, lo que plantea la necesidad de evaluar si hubo algún tipo de conducta imprudente por parte del deportista involucrado. A raíz de este análisis, el Ejecutivo considerará la posibilidad de imponer algún tipo de tasa por la intervención realizada por los servicios de emergencia.

Mónica Escobedo, directora general de Seguridad y Protección Ciudadana, ha señalado a Europa Press que se evaluará la apertura de un expediente relacionado con este incidente. Según sus palabras, la intención es llevar a cabo una investigación preliminar que comience a partir del informe de intervención para determinar si el surfista actuó con imprudencia al entrar al agua en condiciones peligrosas.

El surfista en cuestión quedó atrapado entre las rocas de Punta Ballota, y fue otro surfista quien dio la voz de alerta tras lograr salir del agua. En respuesta, el Centro de Atención a Emergencias del 112 Cantabria movilizó un amplio dispositivo que incluía un helicóptero del Gobierno regional, la Policía Local, bomberos de Torrelavega, la Guardia Civil y equipos de intervención terrestre de Protección Civil.

Dado que la intervención del helicóptero regional se encontró con dificultades, se solicitó la asistencia de Salvamento Marítimo. Al final, los bomberos, con el apoyo de una cuerda, lograron rescatar al surfista y trasladarlo a una plataforma rocosa, lejos de las turbulentas olas.

Tras el rescate inicial, con la colaboración de todos los equipos implicados, el afectado fue llevado hasta la parte superior del acantilado, donde se unieron al operativo el rescatador y un médico que formaba parte de la tripulación de la aeronave.

Quevedo, un portavoz de la autoridad, destacó la importancia de evaluar si la decisión de surfear en medio de una alerta naranja se considera una acción temeraria o imprudente, según lo establecido en la legislación vigente. Este análisis formará parte del proceso para determinar si se debe abrir un expediente y, en consecuencia, aplicar la tasa correspondiente.

No obstante, Escobedo ha enfatizado que el objetivo principal de los servicios de emergencia no es recaudatorio, sino el de rescatar a personas que se encuentren en situaciones de riesgo, sin importar las circunstancias del incidente. “Estamos aquí para estas situaciones”, subrayó con firmeza.

Además, la directora de Seguridad ha mencionado que el Gobierno planea sustituir el actual sistema de tasas por un régimen sancionador que permita evaluar de manera más objetiva las conductas negligentes en situaciones similares.