SANTANDER, 12 de diciembre.

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria ha dado luz verde esta semana a la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la construcción de una planta de biogás en Hazas de Cesto. Este ambicioso proyecto ha visto su inversión crecer a más de 25 millones de euros, una cifra que más que duplica las estimaciones iniciales debido a los estrictos requisitos establecidos por el Gobierno para su aprobación.

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, hizo el anuncio el viernes en respuesta a las interrogantes de los medios sobre el estado de esta iniciativa.

Media informó que se recibieron un total de 1,600 alegaciones en relación al proyecto, la gran mayoría de las cuales fueron desestimadas.

En su explicación, el consejero señaló que más del 90% de las alegaciones presentadas eran prácticamente idénticas y que su contenido principal consistía en solicitar la cancelación de la construcción de la planta.

"Si los técnicos han dado su visto bueno, no podemos hacer otra cosa que desestimarlas", argumentó Media, quien enfatizó que la decisión no tiene una connotación política, sino que se basa en criterios técnicos.

La AAI se publicará "en los próximos días" en el Boletín Oficial de Cantabria, tal como anunció el consejero.

Este documento establece las normas y controles que la instalación deberá seguir tanto durante la fase de construcción como en su etapa de funcionamiento. "El incumplimiento de estas normativas podría llevar a su cierre, al igual que sucedería con cualquier empresa que requiera una autorización ambiental integrada", advirtió Media.

El consejero también mencionó que cuando el Partido Popular asumió el gobierno en el verano de 2023, se encontró con un proyecto "defectuoso" que, según sus palabras, era inviable. La administración anterior, liderada por Guillermo Blanco del PRC-PSOE, había catalogado la instalación como de interés social.

Bajo la nueva administración del PP, se solicitó a la empresa, que ha cambiado de propietarios, que implementara ciertas cautelas necesarias para la construcción de la planta. Este ajuste en los requisitos ha multiplicado el costo del proyecto, que ha pasado de 12 millones a más de 25 millones de euros.

De acuerdo con los planes actuales, se garantiza que toda la instalación estará cerrada para evitar que se produzcan vertidos de lixiviados al río, lo que subraya un compromiso con la sostenibilidad ambiental.