En un acto reciente, el consejero de Educación de Cantabria, Sergio Silva, ha expresado su compromiso con una reformulación del decreto sobre convivencia escolar. Su intención es dirigir la atención hacia el aspecto educativo de los protocolos existentes, en lugar de enfocarse exclusivamente en las sanciones. Esta declaración surge tras la condena de ocho estudiantes del IES Garcilaso de la Vega, implicados en un caso de acoso que afectó a un compañero menor debido a su orientación sexual, agravando así la necesidad de un enfoque más positivo en la gestión de conflictos escolares.

Silva también ha mostrado su apoyo a los docentes del mencionado instituto, refutando las afirmaciones de Lourdes Verdeja, presidenta de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying. Verdeja había criticado a los equipos directivos por su aparente inacción frente al acoso. El consejero considera que tales generalizaciones no contribuyen a la resolución de los casos y subraya que muchas de las intervenciones se basan en un entendimiento incompleto de los hechos.

En cuanto a la eficacia de los protocolos actuales, el consejero manifestó que, aunque han funcionado "razonablemente bien", es fundamental reconocer que siempre hay espacio para la mejora. Silva admitió que la existencia de conflictos de convivencia implica que algunas dinámicas no están operando como deberían en el entorno escolar.

Silva defendió el esfuerzo de los profesionales del sistema educativo de la región, incluyendo directores, educadores e inspectores, asegurando que sus acciones están guiadas por la mejor intención y un fuerte compromiso profesional. Esos son los que, en última instancia, poseen el conocimiento directo de los incidentes y de los antecedentes de los estudiantes involucrados.

Con relación a la lucha contra el acoso escolar, el consejero subrayó la importancia de contar con recursos humanos, legales y procedimentales adecuados. A pesar de señalar que desde el inicio del año 2023 se han incrementado los medios disponibles, también alertó sobre la necesidad de no ser ingenuos al suponer que la mera mejora en la financiación garantizará resultados óptimos en la práctica.

Silva propuso trabajar en una mejor detección de casos de acoso y reveló que, de los 147 protocolos iniciados en el año escolar anterior, solo 31 han sido confirmados como casos de acoso real. Esta cifra indica que, aunque el sistema ha avanzado, aún queda mucho por hacer en términos de prevención y respuesta.

Finalmente, el consejero enfatizó la urgentísima necesidad de un marco normativo que priorice el carácter educativo en la gestión de la convivencia escolar. Para ello, se está promoviendo una nueva Ley de Autoridad Docente y de la Convivencia, con la expectativa de establecer un entorno más eficaz y centrado en la educación antes de finalizar la legislatura. Silva ofreció estas reflexiones durante la inauguración de las obras de ampliación del IES Lope de Vega, en Santa María de Cayón.