En la sesión plenaria del pasado 29 de enero en Santander, la alcaldesa Gema Igual, del Partido Popular, se enfrentó a los requerimientos de los grupos Socialista y Mixto (IU) que pedían la destitución del concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, y del director general del área, Juan Doñabeitia. Igual tomó una postura firme, afirmando que no considera necesario cesar a estos funcionarios.

Aunque no accedió a las demandas de la oposición, la alcaldesa hizo hincapié en que espera una dedicación y esfuerzo máximos de su equipo en beneficio de la comunidad, además de reconocer la importancia de disculparse cuando sea necesario en caso de errores. Sin embargo, reafirmó que su decisión de no destituir a Portilla y Doñabeitia es inamovible.

Este debate se produjo en un contexto complicado, dado que el Ayuntamiento recientemente suspendió el primer examen para cubrir diez plazas de auxiliar administrativo. Esta suspensión fue resultado de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que consideró caducada una oferta de empleo de 2022, motivada por una oferta anterior de 2019.

A pesar de la presentación de varias mociones por parte de la oposición, que fueron debatidas conjuntamente, su rechazo fue contundente gracias a la mayoría absoluta del PP en la Corporación. Vox optó por la abstención en todas las votaciones, dejando claro el apoyo del PP a su propia gestión.

La alcaldesa defendió su postura señalando que para exigir ceses en los cargos, la oposición debería evaluar su propia trayectoria. Criticó al PSOE por pedir destituciones mientras ellos mismos se enfrentan a múltiples escándalos de diferente índole, refiriéndose a un contexto en el que “ni todos son santos ni todos son villanos”.

Desde el PSOE, su portavoz, Daniel Fernández, calificó la gestión de recursos humanos del Consistorio como un "desastre", destacando las repercusiones que este tema tiene sobre la calidad de los servicios públicos. Resaltó situaciones críticas en áreas como la Policía Local y los servicios sociales, queoperan con personal insuficiente.

Fernández exigió al gobierno local que asumiera responsabilidades y dejara de eludir compromisos previos pactados con los sindicatos y la Junta de Personal, señalando una evidente falta de voluntad política en la resolución de estos problemas. Instó a la alcaldesa a tomar medidas concretas para revertir la situación actual.

Maria Victoria Fernández, del PRC, subrayó que las mociones presentadas a pesar de sus diferencias fundamentales comparten un mismo origen: la desorganización en la gestión de recursos humanos que afecta la planificación y la seguridad en los procesos de selección. También solicitó a la alcaldesa que actuara con urgencia ante la gravedad del asunto.

Desde Vox, Laura Velasco reconoció que no espera dimisiones en el departamento de Recursos Humanos, y se unió al coro de la oposición al señalar que la situación es una constante y produce un caos organizativo. Instó a una revisión del aumento de carga laboral que enfrenta el personal actual.

Keruin Martínez, de IU, enfatizó que la decisión del TSJC ha sido un punto de inflexión y exigió que se asumieran responsabilidades de manera inmediata, proponiendo el cese de Portilla tras casi tres años de gestión donde no se ha evidenciado progreso en la modernización del área.

Portilla, al responder a la oposición, defendió su honorabilidad argumentando que el cumplimiento de las sentencias no debe ser visto como un fallo político, sino como una obligación legal. Aseguró que las críticas dirigidas hacia él eran simplemente un intento de la oposición de desviar la atención y responsabilizarlo.

En medio de este tenso debate, decenas de empleados públicos protestaron en el Pleno, exigiendo mejoras laborales y cumplimiento de acuerdos, sosteniendo carteles que reflejaban su creciente frustración ante las promesas no cumplidas y la falta de atención a sus necesidades.

Por otro lado, la Corporación no solo rechazó las mociones sobre recursos humanos, sino que también desechó propuestas sobre la creación de un Servicio de Urgencias en Peñacastillo, un plan para deshacerse de vehículos abandonados y un rechazo a los acuerdos comerciales entre la UE y Mercosur. Sorprendentemente, una iniciativa de Vox para mejorar una intersección en Rucandial recibió el respaldo unánime del pleno.