El Juzgado de Instrucción número 2 de Santander ha tomado la decisión de iniciar un juicio oral contra dos empleados de Gesvican, la empresa pública encargada de gestionar proyectos, tras revelarse que habían trabajado en favor de empresas que competían en licitaciones convocadas por la Dirección General de Obras Públicas.

El fallo, emitido este lunes por el magistrado, también involucra a los representantes de las empresas SENOR y RUCECAN, quienes, al unirse en una UTE en 2019, contrataron a los trabajadores de Gesvican para preparar sus propuestas. Estos acuerdos les permitieron obtener calificaciones favorables y lograr la adjudicación de tres contratos importantes.

La resolución indica que tanto la Fiscalía como el Gobierno de Cantabria están detrás de la acusación particular, pidiendo que los cinco implicados sean juzgados por un delito de actividad prohibida para funcionarios públicos, asumiendo que los hechos son graves y afectan directamente a la integridad del proceso de licitación.

Curiosamente, las defensas de los acusados han reconocido los hechos y han ofrecido indemnizar al Gobierno de Cantabria para mitigar los daños ocasionados, lo que añade una capa más de complejidad a este escándalo administrativo que involucra a funcionarios dedicados a la evaluación de proyectos.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, se ha confirmado la apertura del juicio y se ha designado a la Audiencia Provincial como el tribunal encargado de llevar a cabo el enjuiciamiento. El próximo paso será que el órgano instructor eleve el caso a la Audiencia, donde se programará una audiencia para formalizar el acuerdo alcanzado por las partes involucradas.

El auto del magistrado aclara que Gesvican tenía la responsabilidad de evaluar los documentos iniciales presentados por las empresas interesadas en los concursos de la Dirección General de Obras Públicas. Sin embargo, se señala que esta labor de revisión, basada en criterios matemáticos y juicios de valor, no debía dotar a los empleados de poder decisional.

Asimismo, se menciona que ambos empleados, quienes clasificaban las propuestas de acuerdo a baremos específicos, se concertaron con varias compañías del sector para crear o modificar propuestas técnicas a cambio de tarifas. Por cada asesoría, cobraban tarifas que podían llegar hasta los 5.000 euros si la empresa resultaba adjudicataria, lo que pone en evidencia la corrupción en el proceso.

En 2019, las empresas SENOR y RUCECAN, bajo un modelo de colaboración temporal, se presentaron a tres proyectos con la ayuda de uno de los empleados de Gesvican, que preparó conjuntamente con ellos los estudios técnicos necesarios. Esta colaboración inadmisible comprometió la integridad de la competencia y erosionó las obligaciones del cargo público, todo ello en beneficio económico para los involucrados.

Aunque no se ha podido determinar la cifra exacta total que recibieron los empleados, las investigaciones sugieren que, al menos, se cobraron 53.000 euros, según las anotaciones encontradas en los registros. Este escándalo no solo ha causado un daño financiero al Gobierno de Cantabria, sino que también plantea serias dudas sobre la calidad de los proyectos adjudicados y la ejecución de las obras públicas resultantes.