Investigación a funcionarios tras declaración de jueza sobre responsabilidad de Costas en el mantenimiento de la pasarela en El Bocal.

El trágico suceso ocurrido en la playa de El Bocal, que dejó un saldo de seis vidas perdidas y una persona gravemente herida, ha llevado a la jueza Rosa Martínez a tomar medidas judiciales severas contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria. La magistrada sostiene que es responsabilidad exclusiva de la administración central garantizar el adecuado mantenimiento y conservación de la pasarela que colapsó el pasado 3 de marzo.

Los funcionarios a los que se dirige la acción penal son José Antonio Osorio, jefe de la Demarcación de Costas y responsable del proyecto de la senda costera de 2014, y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la misma entidad. Esta decisión se fundamenta en la evaluación de los documentos aportados por la administración central y por el Ayuntamiento de Santander, que, según la jueza, apuntan a una grave negligencia en el mantenimiento de la infraestructura.

En un auto reciente, la jueza declara que la Demarcación de Costas puede ser considerada responsable civil, subrayando que tiene la obligación de mantener las obras que forman parte de un proyecto que no ha sido completamente finalizado. Martínez señala que, aunque el proyecto de la senda peatonal se inició en 2012, este ha enfrentado diversas paralizaciones y decisiones administrativas que lo han dejado inconcluso, lo que refuerza la responsabilidad de la Demarcación en este caso.

Según la magistrada, la reparación de la pasarela efectuada en 2024 fue limitada y no abordó adecuadamente los problemas que presentaba la infraestructura. Un informe de la Policía Científica reveló que, a pesar de la intervención en la estructura de madera, todos los elementos metálicos estaban en un estado de oxidación alarmante, lo que sugiere que la respuesta institucional fue insuficiente y podría considerarse negligente.

La jueza ha solicitado la elaboración de un informe pericial que aclare la suficiencia de las reparaciones efectuadas, buscando evidenciar si el trabajo realizado en julio de 2024 sobre la estructura de madera fue adecuado. La investigación apunta no solo a los funcionarios responsables de la obra, sino también al Ayuntamiento de Santander, que posee la facultad de supervisar la seguridad en los espacios públicos y debería haber actuado al detectar riesgos.

El auto judicial también menciona la responsabilidad del Ayuntamiento en caso de que se identificaran peligros evidentes en la pasarela. Es crucial determinar si el deterioro era visible para los ciudadanos días antes del colapso, lo que podría implicar una mayor responsabilidad de la administración local al no intervenir apropiadamente.

Para esclarecer los hechos, la magistrada ha solicitado que se recabe evidencia sobre el estado de la pasarela antes del incidente, incluyendo fotografías y testimonios de ciudadanos que hayan frecuentado la zona. Además, se ha señalado a una vecina de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte como testigo clave, quien comparecerá ante el tribunal junto a otros testigos la próxima semana.