Juicio por agresión sexual a menor se lleva a cabo en secreto.

En Santander, el día 24 de marzo, se ha tomado una decisión relevante por parte de la Audiencia Provincial de Cantabria sobre un caso de agresión sexual que ha sorprendido a la comunidad. El juicio que se llevará a cabo este martes se realizará bajo un estricto cierre a la prensa y al público. El acusado es un joven de 18 años que enfrenta la grave acusación de haber agredido sexualmente a su novia, quien en el momento de los hechos tenía solo 13 años. La Fiscalía ha solicitado una condena significativa de 22 años de prisión.

El procedimiento judicial comenzó aproximadamente a las 11 de la mañana en la Sección Primera, y poco antes de su inicio, se informó que el juicio sería privado, excluyendo cualquier tipo de audiencia pública. Esta medida ha generado diversas reacciones entre quienes abogan por la transparencia en procesos tan delicados.

El joven está acusado de cometer dos delitos de agresión sexual a una menor. Según los informes del ministerio fiscal, ambos eran pareja, y él era consciente de la edad de la joven, con quien no había mantenido relaciones sexuales previamente. La situación se tornó preocupante cuando, tras haber consumido alcohol junto a amigos en el patio de un colegio, el acusado la llevó a un lugar aislado y la agredió sexualmente de manera violenta, sin su consentimiento y sin protección, dejando a la menor en un estado de shock.

La situación se repitió días después cuando, tras una llamada de él —que se encontraba bajo los efectos del alcohol—, la joven accedió a buscarlo nuevamente. En un nuevo acto de agresión, el acusado la sometió contra una pared, violándola por segunda vez de forma repentina y sin su consentimiento. Afortunadamente, la chica pudo escapar y regresar a su hogar.

Posteriormente, la menor decidió contar lo que había vivido a su madre, lo que llevó a que se presentara una denuncia formal por los hechos. La Fiscalía ha señalado que la joven sufre daños psicológicos como resultado de lo ocurrido, añadiendo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social, influenciada por múltiples factores, entre los que se encuentra esta experiencia traumática.

Como respuesta a estos gravísimos hechos, la Fiscalía ha solicitado una severa condena que incluye 22 años de prisión. Además, se demandan 13 años de alejamiento del acusado respecto a la víctima, así como 17 años de inhabilitación para trabajar con menores. También se busca privarle de la patria potestad y una supervisión posterior a su liberación, que incluiría 10 años de libertad vigilada.

Finalmente, se requiere que el acusado indemnice a la menor con 15.000 euros en concepto de daños morales, reflejando así la seriedad de las consecuencias que su comportamiento ha tenido en la vida de la víctima.