El debate en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados en Cartes ha intensificado las diferencias entre la alcaldesa, Lorena Cueto, y el Gobierno regional. Cueto sostiene que el municipio carece de los recursos necesarios para asegurar una integración efectiva de estos jóvenes, un grupo que se prevé que ocupará un edificio recientemente adquirido por el Gobierno en el Camino Real.

En un comunicado difundido por el Ayuntamiento, Cueto demandó una mayor transparencia al Ejecutivo, exigiendo que informe "con la debida claridad" sobre un proyecto que, según ella, se ha desarrollado sin considerar la opinión del municipio. La alcaldesa criticó el secretismo que rodea al plan, señalando que los carteses merecen estar al tanto de las decisiones que les afectan directamente.

Las palabras de Cueto coincidieron con los comentarios de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien calificó sus afirmaciones como "inaceptables" y las interpretó como un intento de alarmar a la ciudadanía, acusándola de fomentar un clima de hostilidad y desconfianza hacia los menores migrantes.

Frente a esta acusación, Cueto defendió su postura, argumentando que no está actuando desde un lugar de "racismo" sino en la necesidad de proteger los intereses de sus vecinos. Reiteró que Cartes no cuenta con las infraestructuras adecuadas para atender a los jóvenes, como colegios, instalaciones deportivas y otros recursos culturales que podrían facilitar su integración.

La alcaldesa planteó dudas sobre la logística de trasladar a veinte menores a un municipio más pequeño. Cuestionó cómo se garantizaría su educación y socialización si se concentraban en un único entorno educativo, lo que, a su juicio, pone en riesgo su inclusión plena en la comunidad.

Cueto solicitó claridad sobre por qué se eligió el edificio en el Camino Real para este propósito, subrayando que los recursos necesarios para acompañar a estos jóvenes en su desarrollo sociolaboral no están disponibles en Cartes.

La mandataria local destacó que no se trata de un rechazo a la integración, sino de una propuesta más razonable basada en la realidad de los recursos disponibles. Consideró que el Gobierno tiene la responsabilidad de buscar opciones viables que corroboren su compromiso con la inclusión de menores en situaciones vulnerables.

Al respecto, Cueto recordó que el Gobierno ha tenido tiempo suficiente desde el anuncio de la reubicación de menores provenientes de Canarias para encontrar alternativas que no sacrifiquen las posibilidades de integración que el município podría ofrecer.

Sin embargo, criticó que en lugar de buscar un enfoque colaborativo, el Ejecutivo había optado por adquirir un edificio en Cartes y establecer un nuevo centro de menores sin la participación del Ayuntamiento. Adicionalmente, mencionó que la ubicación seleccionada estaba junto a un inmueble del Gobierno que lleva años desocupado.

Cueto también aseguró que su administración ha solicitado acceso a los documentos relacionados con el nuevo centro para verificar que se han seguido todos los procedimientos legales pertinentes. Esta acción se enmarca en su intento de asegurar que las competencias municipales sean respetadas.

En una reunión reciente, la alcaldesa se enteró del proyecto y lamentó que no haya habido una comunicación previa entre el Gobierno y el Ayuntamiento. Argumentó que una colaboración temprana habría permitido compartir información clara y concisa con la población, evitando la especulación y la inquietud generadas por la falta de datos oficiales.

Cueto expuso que todo surgió a raíz de rumores que circulaban en la comunidad sin que desde el Gobierno se aclarara la situación, revelando una vez más que la comunicación ha fallado en este proceso.

Asimismo, enfatizó que su llamado a la precaución no se refiere a un posible rechazo hacia los menores, sino a la percepción de que el Gobierno ha tomado decisiones perjudiciales para Cartes en varias ocasiones, como lo fue la cancelación de una subvención europea previamente acordada para un evento local.

Finalmente, la alcaldesa concluyó que el verdadero objetivo de sus declaraciones es buscar el bienestar de los menores, y que cualquier camino que se emprenda debe realizarse de manera transparente y colaborativa con el gobierno local, subrayando que ese es el camino correcto para actuar en el mejor interés de todos los involucrados.