En un apasionante giro judicial, la Fiscalía de Cantabria ha planteado una solicitud para anular la sentencia dictada en el caso del trágico atropello que resultó en la muerte de un joven motorista en la calle Castelar de Santander. Este suceso ha suscitado intensas controversias, ya que la Fiscalía argumenta que existe una "clarísima contradicción" entre los hechos considerados como probados y la calificación final del delito como homicidio imprudente. La postura de la Fiscalía es contundente al afirmar que ambos conductores implicados eran plenamente conscientes del riesgo de un accidente.

La fiscal ha manifestado que el fallo judicial parece intentar "ajustar" la imprudencia a un contexto de dolo, un proceso que ella considera forzado y que presenta inconsistencias. Al respecto, se ha revelado que la solicitud de la Fiscalía incluye no solo la anulación de la sentencia, sino que también pide que se celebre un nuevo juicio, destacando la gravedad de los hechos y la naturaleza deliberada del acto cometido.

Por otro lado, la acusación particular, representada por los familiares de la víctima, comparte la preocupación de la Fiscalía acerca de la contradicción en la sentencia. Sin embargo, esta parte del caso ha expresado su desacuerdo con la recomendación de repetir el juicio, argumentando que la situación actual puede solucionarse sin necesidad de nuevos procedimientos. En su lugar, solicitan que se eleve la calificación del delito a homicidio doloso, que implica una intención clara de causar daño, y no a imprudente.

Ante este escenario, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) se ve ante la responsabilidad de evaluar la revisión de la condena impuesta por la Audiencia Provincial, que originalmente había sentenciado a los implicados a penas de 5 y 4 años de prisión. Los representantes de la acusación piden que se impongan penas más severas: 13 años y 8 meses, y 12 años y 5 meses, respectivamente.

Desde el ámbito de la defensa, el jurista del condenado con la pena menor ha rechazado las acusaciones de homicidio imprudente en su contra, argumentando que su cliente solo estuvo presente en el evento como cooperador necesario, y que la responsabilidad directa del choque recae sobre el otro conductor. Este incidente, que se produjo en febrero de 2023, resultó en la muerte instantánea del joven motorista de 19 años tras una carrera no autorizada entre los dos vehículos.

Durante la sesión del TSJC, que se desarrolló el pasado lunes, se presentaron los recursos de apelación provenientes de la Fiscalía, la acusación particular y una de las defensas, mientras que el abogado del principal condenado defendió la validez de la sentencia original, la cual calificó de "prolija" y "bien fundamentada". Este abogado subrayó que en el ordenamiento jurídico español es posible que la imprudencia y el dolo coexistan en un mismo acto, argumentando que no se advirtieron contradicciones en el veredicto emitido por el jurado.

En respuesta a las afirmaciones del Ministerio Público, que enfatizó la voluntad consciente de los implicados de poner en peligro la vida de otros, la defensa insistió en que no se pueden hacer "juicios de inferencia" que alteren el resultado del fallo. Además, subrayó que el hecho de que uno de los conductores hubiera sido superado por el otro en el momento del accidente debería llevar a una reconsideración de su participación en la coautoría del delito.

Finalmente, el abogado de la defensa y la compañía aseguradora se posicionaron en contra de la solicitud de algunos familiares de la víctima de que se les otorgue una discapacidad por el trauma sufrido, mostrando así una postura de resistencia ante una serie de demandas que han surgido como consecuencia de esta dolorosa situación.