El Gobierno de Cantabria (PP) ha expresado su preocupación ante la fiscalidad y la "inestabilidad regulatoria" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, afirmando que estas medidas están poniendo en riesgo inversiones estratégicas para la comunidad autónoma. Uno de estos proyectos es la ampliación de la central de bombeo de Aguayo, impulsado por Repsol y con un presupuesto de más de 600 millones de euros.

El consejero cántabro de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha señalado que la amenaza de Repsol de abandonar sus proyectos industriales en España debido a la intención del PSOE y Unidas Podemos de hacer permanente el impuesto a las energéticas, genera incertidumbre en relación a la viabilidad del proyecto de la central de Aguayo.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha afirmado que este gravamen podría afectar a los futuros proyectos industriales de la compañía en España, considerándolo como un castigo a las empresas que invierten en activos industriales y generan empleo. En cambio, beneficia a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España.

Eduardo Arasti ha destacado la importancia estratégica del proyecto de Repsol para la ampliación de la central de Aguayo, no solo para la comunidad autónoma de Cantabria, sino también para los objetivos de descarbonización. Incluso la Comisión Europea lo considera un proyecto de interés común y ha propuesto su inclusión en la lista de Proyectos Europeos de Interés Común (PCI), lo cual brinda importantes ventajas en términos de acceso a financiación europea.

El proyecto, conocido como 'Aguayo II', cuenta con un presupuesto de aproximadamente 636 millones de euros y se espera que incremente en 1 gigavatio (GW) la capacidad instalada de la actual central de bombeo, convirtiéndose en la segunda más grande de España en su categoría.

La ampliación de la central de Aguayo no solo fomentará el desarrollo industrial y el empleo en la región, sino que también será un impulso extraordinario para la economía de Cantabria. Ante esto, el consejero ha solicitado al Gobierno de España que no ponga en riesgo la viabilidad del proyecto con decisiones regulatorias que generen inseguridad y falta de estabilidad.

Eduardo Arasti ha reiterado que este proyecto corre un serio peligro si el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos se lleva a cabo y se mantiene el impuesto extraordinario a las energéticas, el cual inicialmente se estableció con una duración temporal de dos años.