En Cantabria, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha hecho un gran esfuerzo en los últimos meses, logrando identificar y combatir fraudes que suman más de 16,3 millones de euros entre enero y octubre de este año. Gracias a estas gestiones, cerca de 1.700 trabajadores han visto regularizada su situación laboral, de los cuales 400 eran erróneamente clasificados como autónomos.

Durante una reciente rueda de prensa, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, junto al consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, resaltaron las cifras conseguidas durante este periodo, justo antes de la reunión de la Comisión Operativa Autonómica, que tiene como objetivo impulsar el trabajo inspectivo en la región.

El director territorial de la Inspección de Trabajo, Miguel Ángel Gálvez, dirigió el encuentro donde se discutió el enfoque de la Inspección en áreas fundamentales como la prevención de riesgos laborales, la afiliación a la Seguridad Social, la erradicación de prácticas laborales ilegales y la fiscalización de la economía irregular.

Las cifras presentadas revelaron que las acciones de los inspectores han permitido regularizar a 1.666 trabajadores, mientras que de los 16,3 millones de euros recaudados, más de 8,8 millones corresponden a liquidaciones de la Seguridad Social, 6,3 millones en sanciones y alrededor de 1,1 millones en salarios recuperados.

Casares elogió el valioso trabajo del equipo de inspectores, destacando su papel crucial en la lucha contra la precariedad laboral y el fraude. Su compromiso, en colaboración con el Gobierno de Cantabria, busca proteger a los trabajadores de situaciones de incertidumbre, como el no estar registrados en la Seguridad Social o ser víctimas de contratos abusivos.

Arasti también subrayó la efectividad de la labor de inspección, señalando que los avances demuestran no solo la relevancia de este organismo, sino la necesidad de continuar intensificando los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral en la región.

En este contexto, se reveló que de los trabajadores regularizados, 400 eran considerados falsos autónomos, lo que resalta la importancia de la acción inspectiva para mejorar las condiciones laborales en el territorio. Además, los datos de siniestralidad reflejan una notable disminución en accidentes laborales, evidenciando un avance en la seguridad en el entorno de trabajo.

El informe detalló 738 infracciones de la Seguridad Social, que conllevaron sanciones por un total de 3,7 millones de euros, afectando a casi 1.000 trabajadores. Asimismo, se realizaron liquidaciones por un valor de 8,8 millones en casos de falta de cotización.

En el ámbito de la economía irregular y el trabajo de extranjeros, se constató que la falta de autorización para trabajar se posiciona como la infracción más frecuente en Cantabria, con sanciones que alcanzaron los 709.015 euros. Además, las intervenciones conjuntas con las fuerzas de seguridad del Estado suman 63 operativos en lo que va del año.

Casares reafirmó el compromiso del Gobierno con la defensa de los derechos laborales, destacando la Inspección de Trabajo como un pilar fundamental en esta misión, fortaleciendo su capacidad mediante transformaciones que buscan adaptarse a la realidad cambiante del mercado laboral.

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, se identificaron 738 infracciones que afectaron a más de 3.200 trabajadores, con un total de 1.786 actuaciones realizadas hasta la fecha. Además, en el área de empleo y relaciones laborales, se reportaron 251 infracciones que resultaron en sanciones por más de 320.000 euros.

Con miras hacia el futuro, están programadas 7.590 órdenes de servicio para el próximo año en las actividades de inspección, incluyendo iniciativas por la prevención de riesgos relacionados con la edad y medidas de adaptación para trabajadores con discapacidades.

Finalmente, la lucha contra la economía irregular se intensificará, enfocándose en el trabajo no declarado y la explotación laboral, así como en la supervisión de plataformas digitales, garantizando un entorno laboral más justo y equitativo para todos en Cantabria.