La Audiencia Provincial se prepara para definir la fecha de inicio del juicio oral que abordará la controvertida trama de corrupción en el ámbito de las Obras Públicas en Cantabria, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

Este juicio, que se llevará a cabo bajo la supervisión de un tribunal del jurado, se discutirá en la Audiencia Provincial, donde las partes implicadas ratificarán un acuerdo alcanzado con el Ministerio Público, luego de que los acusados admitieran los hechos en una reciente audiencia.

Seis personas enfrentan cargos por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de carreteras, tras un pacto que incluye la reducción de penas luego de aceptar su culpabilidad. Un funcionario de la Consejería de Obras Públicas, considerado el líder de la banda, podría recibir una condena de hasta siete años y un día de prisión.

Miguel Ángel D.B., quien ocupaba el puesto de jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, ya había estado bajo custodia durante seis meses después de que se descubriera este caso en febrero de 2023. Además de la pena privativa de libertad, le han impuesto una inhabilitación de más de nueve años para ocupar cargos públicos y le corresponde pagar cerca de un millón de euros en concepto de multa por varios delitos, incluyendo el cohecho y el blanqueo de capitales.

Los otros acusados enfrentan penas de entre uno y dos años. Estas sentencias han sido posibles gracias a la cooperativa de los implicados, quienes han admitido su responsabilidad y comenzado a cumplir con el reembolso de daños económicos a la Administración Pública de Cantabria, que reclama más de 1,6 millones de euros tras detectar la adjudicación irregular de obras significativas.

Entre los condenados, la esposa del funcionario principal enfrentará una pena de un año y un día de prisión por su participación en el blanqueo de capitales, además de una multa significativa. Los demás implicados, vinculados a diversas empresas públicas, también recibirán dos años de cárcel y enfrentarán restricciones para acceder a financiación y beneficios públicos.

El Juzgado que ha llevado a cabo la investigación ha determinado que existían prácticas corruptas en múltiples contratos de infraestructura, afectando proyectos vitales para la región como la planificación de puentes y el mantenimiento de carreteras. Este sistema de corrupción, que perjudicó gravemente al Estado, se ejecutaba mediante un engaño que llevaba muchos años en funcionamiento.

En el acuerdo de conformidad, se detalla cómo el funcionario a cargo se había beneficiado de su posición para manipular el proceso de contratación, favoreciendo a ciertos empresarios a cambio de pagos ilícitos. La investigación reveló un patrón sistemático de adulteración en las adjudicaciones, lo que provocó un daño considerable a los intereses económicos del Gobierno regional.

Más allá de los métodos utilizados para llevar a cabo estas actividades ilícitas, se mencionan hallazgos concretos como el descubrimiento de grandes sumas de dinero en efectivo en el hogar del funcionario, lo que sugiere la recepción regular de sobornos. El escándalo no solo ha impactado a los involucrados directamente, sino que ha puesto de relieve una preocupante serie de deficiencias en la supervisión de las obras públicas en Cantabria.