Los órganos judiciales de Cantabria recibieron el año pasado un total de siete demandas por ocupación ilegal de vivienda, un 75,8 por ciento menos que en el ejercicio anterior. La tasa de demandas por 'okupación' de viviendas se situó en 1,2 por 100.000 habitantes en la región, inferior a la media del país, del 4,3.
En 2023 bajaron un 66,3% los lanzamientos practicados, hasta 151, frente a 448 de 2022, y lo hicieron tanto los debidos a ejecuciones hipotecarias (un 79,3%) como los que respondían a impagos de alquiler (un 64,9%). En España, también se registraron descensos, aunque no tan acusados: se practicaron un 30,3% menos de lanzamientos en términos interanuales.
El juzgado de cláusulas dictó 4.093 sentencias, un 122,9% más que un año antes, debido al refuerzo que tiene, ya que cinco miembros de la carrera judicial están colaborando para sacar adelante los procedimientos que se han ido registrando en este órgano desde su especialización en 2017. De esas 4.093 resoluciones, el 97,9% fueron estimatorias.
Por lo demás, los juzgados registraron menos demandas de ejecución hipotecaria y menos procedimientos monitorios. En el caso de las primeras, descendieron un 28,9%, en la misma línea que la media nacional, que registró una caída del 21,5%. Y los segundos, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios, pasaron de 10.388 a 9.882, lo que supone un 4,9% menos, mientras que la media nacional sube un 11,2%.
Los juzgados de Cantabria recibieron el año pasado un total de 349 concursos de acreedores, lo que supone un aumento del 60,1 por ciento respecto a los ingresados durante el ejercicio anterior (218). Los presentados por particulares -personas naturales no empresarias- son los únicos que repuntaron, un 120,3% en relación a 2022, al pasar de 138 a 304. A nivel nacional, la tendencia es similar, con un incremento del 114,2% en los concursos de personas naturales no empresarias y disminuciones del 22,9 y 27,7% en los de personas jurídicas y empresarias.
Por otro lado, los procedimientos por despido que llegaron a los seis Juzgados de lo Social de Santander aumentaron un 19,2% respecto a 2022, al pasar de 1.013 a 1.207, y las reclamaciones de cantidad crecieron un 30,6%, pasando de 1.714 a 2.239. En todo el país, tanto despidos como reclamaciones de cantidad se incrementaron: un 16,1 y un 7,1%, respectivamente, según datos del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales.
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