El Parlamento de Cantabria ha dado un giro importante en su enfoque hacia la gestión del amianto al reunir a los partidos de la oposición—PRC, PSOE y Vox—que este lunes solicitaron al Gobierno regional, dirigido por el PP, que designe una ubicación diferente para el vertedero de amianto, sugiriendo un lugar más alejado de las áreas pobladas.

Entre los puntos destacados de la propuesta, que proviene del PSOE, se solicita al Ejecutivo que publique el expediente completo relacionado con el desmantelamiento de la antigua Residencia Cantabria y el almacenamiento futuro de amianto en Castañeda. Asimismo, instan a organizar reuniones informativas para los vecinos sobre el proyecto, con el objetivo de fomentar la transparencia y participación comunitaria.

Los partidos de la oposición subrayan la necesidad de que se apliquen medidas adecuadas que aseguren que el proceso de demolición de la Residencia y la gestión del amianto se lleve a cabo con total respeto a la ley, garantizando así la salud pública de los ciudadanos. Sin embargo, esta propuesta encontró resistencia en el Grupo Parlamentario Popular, que se opuso argumentando que el proyecto en cuestión cumple con todas las normativas y tiene el respaldo necesario de los informes técnicos.

Los representantes del PP han criticado a la oposición por utilizar la figura de las proposiciones no de ley para lo que consideran un intento de desacreditar un proyecto legítimo y respaldado. Alejandro Liz, un diputado del PP, enfatizó que la oposición estaba confundiendo roles y que el uso de los recursos legislativos no debe ser para cambiar proyectos que ya cuentan con el visto bueno técnico.

El debate se calentó cuando el representante del PSOE, Raúl Pesquera, cuestionó la premura del Gobierno al iniciar el desmantelamiento de la Residencia sin evaluar adecuadamente la cantidad de amianto involucrada, señalando que esto ha llevado a la necesidad urgente de encontrar un vertedero. Además, Pesquera expresó su inquietud al comparar la situación con un posible riesgo para la salud pública, lo que fue descalificado por Liz, quien demandó más sentido en estas comparaciones.

Al mismo tiempo, el PRC subrayó la falta de información proporcionada por el Ejecutivo sobre los plazos y el proceso del desmantelamiento, acusándolo de actuar sin informes adicionales y de manera poco transparente. Las críticas fueron respaldadas por Vox, que también exigió una mejor gestión del proyecto, aunque se mostraron a favor de contar con un vertedero para gestionar los residuos de amianto.

En otro asunto, la oposición apoyó una moción del PSOE que solicita al Gobierno regional que presente en un mes un plan para supervisar la ejecución de los Fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esta iniciativa incluye la elaboración de un cronograma de actividades que permita el seguimiento adecuado de los objetivos cumplidos y los pendientes.

La diputada socialista Ana Belén Álvarez mostró su preocupación por la baja ejecución de estos fondos en Cantabria e instó al Gobierno a ser más transparente en la divulgación de los datos. Por su parte, el PRC declaró que la moción era una llamada a la responsabilidad conjunta y a la necesidad de mantener la transparencia, mientras que Vox apoyó la idea a pesar de tener diferencias con la forma en que se plantea la moción.

A pesar de los esfuerzos de la oposición, una propuesta de Vox que buscaba un plan para mejorar el apoyo a los autónomos no logró avanzar debido a la oposición del PP. Esta situación refleja las tensiones políticas en Cantabria y la dificultad de encontrar un consenso en temas de gran relevancia para la ciudadanía.