El día de ayer, en una sesión del Parlamento de Cantabria, todos los grupos de oposición unieron fuerzas para exigir al Gobierno regional, dirigido por el Partido Popular, que asuma un papel proactivo en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la dependencia. La moción presentada por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que contó con el respaldo del PSOE, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, fue desestimada por el Ejecutivo autonómico.

La propuesta instaba al Gobierno a convocar en un plazo de dos meses a las patronales y sindicatos del sector, con el objetivo de establecer un acuerdo sobre salarios y condiciones de trabajo, así como la regulación anual de la actualización de precios. Rosa Díaz, diputada del PRC, subrayó la importancia de que el Gobierno regional no solo facilite estas reuniones, sino que además garantice resultados tangibles a partir de las necesidades expresadas por los trabajadores.

Díaz enfatizó que los sueldos actuales son inadecuados si se considera la naturaleza exigente del trabajo en este sector, que está sufriendo una falta de personal cualificado. A pesar de algunos avances en la cantidad de horas de atención en residencias, muchos profesionales han informado sobre la insuficiencia de recursos, lo que ha llevado a un aumento en la carga de trabajo sin una debida compensación.

La diputada regionalista reflexionó también sobre la dimensión social y ética del asunto, resaltando que las condiciones laborales impactan directamente tanto en la salud de los trabajadores, en su mayoría mujeres, como en la calidad del sistema de atención a la dependencia, que enfrenta serios desafíos.

Desde el PSOE, se criticó la inacción del Gobierno regional al no haber tomado la iniciativa para impulsar los diálogos que ahora se exigen mediante la moción, reafirmando que es fundamental asegurar mejores condiciones y derechos para los profesionales del sector.

Por su parte, Vox ratificó su apoyo a la moción, aunque su propuesta para garantizar la adecuación salarial fue desestimada. Armando Blanco, representante de Vox, pidió al Gobierno que, independientemente de con quién se reúna, asegurara la mejora salarial para los trabajadores del sector.

En contraparte, el diputado del PP, Alejandro Liz, cuestionó la iniciativa de la oposición, argumentando que se estaba impulsando un sindicalismo vertical y recordando que las directrices del sector ya están regidas por un convenio nacional, donde Cantabria se destaca por tener una norma que obliga a la actualización de precios.

En medio de este intenso debate, el PRC y el PSOE fueron señalados por el PP como responsables de no haber abordado estas problemáticas en su tiempo en el Gobierno, argumentando que no se habían realizado acción alguna para mejorar las condiciones de los trabajadores del sector.

En lo que respecta a otras iniciativas presentadas por la oposición, como la propuesta del PSOE para implementar una renta básica de emancipación para jóvenes, esta fue igualmente rechazada, evidenciando una falta de apoyo unánime. Tanto el PRC como el PP y Vox argumentaron en contra, considerando que esta medida no solucionaría el problema del acceso a la vivienda, y desestimando la propuesta como un intento del PSOE de manipular a la juventud.

Finalmente, en la jornada se presentaron más iniciativas que tampoco lograron avanzar, incluida una del PRC enfocada en apoyar a autónomos. A pesar de la cantidad de medidas propuestas, la falta de consenso demostró las profundas divisiones políticas en el Parlamento y la urgencia de abordar los problemas estructurales que enfrenta la comunidad, especialmente en términos de empleo y bienestar social.