Las personas que actualmente enfrentan dificultades para acceder a viviendas protegidas por motivos de renta tendrán la oportunidad de optar a este tipo de oferta, según un nuevo anteproyecto de ley sobre vivienda presentado por el Gobierno de Cantabria.

En una reciente rueda de prensa, el consejero de Vivienda, Roberto Media, del Partido Popular, anunció que el anteproyecto incluye medidas drásticas contra la ocupación ilegal: los ocupantes de viviendas (conocidos como 'okupas') podrán ser desalojados por la Policía Local y perderán el derecho a acceder a ayudas públicas durante un periodo de cinco años.

Este nuevo marco normativo será publicado el 30 de mayo en el Boletín Oficial de Cantabria, permitiendo la presentación de alegaciones por parte de la ciudadanía hasta finales de junio. Una de sus principales iniciativas es la creación inmediata de una Oficina de Apoyo a Víctimas de Ocupación e Inquiokupación.

Además, el anteproyecto obliga a los gobiernos locales a mantener censos actualizados de viviendas en riesgo de ocupación, así como a coordinar esfuerzos con el Gobierno regional para implementar medidas preventivas efectivas.

Media enfatizó que esta ley busca garantizar la protección de los propietarios, un enfoque que, según él, no ha logrado la legislación nacional que actualmente rige el mercado de la vivienda, el cual enfrenta serios problemas sin resolver.

La normativa también incluye la reactivación de proyectos de vivienda a precios tasados, lo que permitirá que ciertos sectores de la población, que hoy día se ven excluidos por sus niveles de ingresos, puedan acceder a viviendas protegidas, a pesar de ser conscientes de las dificultades del mercado privado.

De igual forma, se contempla la inclusión de profesionales de servicios esenciales como beneficiarios de viviendas protegidas en alquiler, apoyando su participación en programas de vivienda rural destinadas a revitalizar estas áreas.

La ley establece sanciones que pueden alcanzar los 90.000 euros para quienes destinen viviendas protegidas al alquiler turístico, buscando así preservar el objetivo social de este tipo de vivienda.

También se planea crear un registro unificado en el ámbito autonómico para gestionar la demanda de vivienda protegida y monitorear la oferta disponible, así como un inventario de terrenos destinados a dicha finalidad.

Se introduce, además, la figura de 'Vivienda Rural Protegida' y se plantea un Plan de Vivienda Rural para estimular el desarrollo de áreas afectadas por la despoblación y el envejecimiento, ofreciendo incentivos fiscales y la posibilidad de ceder terrenos para construir.

La ley incluirá, del mismo modo, un programa de incentivos para propietarios de viviendas vacías que decidan incorporarlas al mercado, permitiéndoles acceder a ayudas que cubran gastos como las cuotas de comunidad y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Asimismo, se prevé que la renta que los inquilinos deban pagar a los propietarios se determine de acuerdo con los precios de mercado y no conforme al Índice de Referencia establecido por el Ministerio de Vivienda, que, según el Gobierno regional, ha quedado obsoleto.

Finalmente, el anteproyecto también promueve formas alternativas de acceso a la vivienda, tales como el coliving y el cohousing, fomentando así una mayor diversidad en las opciones habitacionales.