Un reciente fallo de la Audiencia Provincial de Cantabria ha dejado en libertad a una técnico de laboratorio de Valdecilla, quien había sido acusada de un delito de descubrimiento de secretos tras haber supuestamente accedido al historial médico de una colega. La decisión del tribunal se basa en la falta de pruebas concluyentes que demuestren que fue la acusada quien realizó dicha consulta.

La sentencia, aunque no es definitiva y aún puede ser apelada ante la Sala Civil y Penal, establece que, en efecto, el acceso a los datos se realizó utilizando las credenciales de la técnica. Sin embargo, se destaca que en el laboratorio, al menos tres personas estaban presentes en el momento en que ocurrieron los hechos, lo que genera dudas sobre la autoría del acceso no autorizado.

El tribunal señala que, dado el contexto laboral, era común que los trabajadores dejaran sus sesiones abiertas, lo que complica la identificación del responsable del acceso. La sala argumenta que no hay suficientes evidencias para establecer con certeza que la acusada fue la que accedió a la información, dado que tuvo lugar un acceso no consensuado bajo condiciones en las que otras personas también pudieron haber intervenido.

La acusada ha mantenido su inocencia, señalando que cualquier individuo podría haber accedido a las aplicaciones aprovechando que su sesión permanecía activa. La afirmación fue considerada "altamente probable" por el tribunal, respaldada por testimonios de dos compañeras de trabajo y la propia víctima, quienes confirmaron que en aquellas fechas era habitual dejar las sesiones abiertas en un entorno colaborativo.

Durante el juicio, la víctima corroboró que se trabajaba en cualquier ordenador y que existía una práctica común de no cerrar sesiones al final de cada turno. Además, un inspector médico contratado para la investigación detalló que las aplicaciones no se bloqueaban de inmediato, mientras que un técnico informático informó que era factible que más de una sesión estuviera activa en cada computadora.

Si bien la Audiencia ha establecido que se cometieron los hechos planteados, ha llegado a la conclusión de que no hay pruebas suficientes para atribuir la autoría a la acusada, lo que es clave en el ámbito penal. Por lo tanto, se cierra este capítulo sin poder establecer culpabilidades definitivas en relación con la técnico de laboratorio.