Los hosteleros critican la falta de regulación en pisos turísticos: "Afecta a los negocios legales".

El 26 de marzo en Santander, la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) ha expresado su clara oposición a la reciente instrucción emitida por el Gobierno de Cantabria. Esta directriz permite que las viviendas de uso turístico que todavía no han sido regularizadas, debido a trámites pendientes, puedan seguir operando, a pesar de que el plazo para este proceso concluyó el 25 de marzo.

Según la AEHC, esta decisión "despoja de sustancia" al decreto original y provoca una "seria distorsión", ya que favorece a quienes no han cumplido con los requerimientos establecidos, perjudicando a aquellos empresarios que sí han seguido el camino correcto. En este contexto, los asesores legales de la organización están revisando el documento y no descartan la posibilidad de tomar acciones legales para proteger los intereses del sector y asegurar una competencia justa.

El presidente de la AEHC, Eduardo Lamadrid, ha lamentado que "el enfoque era claro: aquellos que no cumplen no deberían seguir operando, y esta instrucción hace lo opuesto".

Desde el Gobierno, la postura es que deben ser "especialmente comprensivos" con aquellos propietarios que han hecho esfuerzos por regularizar sus viviendas, pero que no han logrado hacerlo a tiempo debido a ineficiencias administrativas.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, aclaró en declaraciones a la prensa que "esto no es una moratoria", ya que no se está otorgando una "barra libre" para quienes han fallado en cumplir. Aseguró que se trata de una medida destinada a aquellos que no pudieron concluir la regularización "sin que fuera por culpa propia".

La instrucción, que se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria, llega justo cuando estaba por expirar el plazo de ocho meses establecido para la adaptación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT).

En ella se especifica que, aunque el plazo de adaptación haya finalizado el 25 de marzo, no se eliminará la inscripción en el Registro General de Empresas Turísticas para aquellos titulares que hayan solicitado antes de esa fecha el informe municipal de compatibilidad urbanística y cuya aprobación esté pendiente.

La AEHC sostiene que esta instrucción instituyó una moratoria, permitiendo que muchos alojamientos sin resolución municipal continúen operando, lo que "modifica las reglas del juego" y perjudica la competencia. "Se está recompensando a quienes no cumplen, mientras que los que han hecho el esfuerzo son castigados", ha afirmado.

Los hosteleros han señalado que esta instrucción ya está causando un "efecto llamada", con un creciente número de solicitudes para el registro de VUT cuyo cumplimiento de requisitos es incierto.

Además, han criticado la "falta de claridad" sobre cuánto tiempo podrán continuar operando estas viviendas que no han completado su documentación. "Si los ayuntamientos no responden o no se resuelven los recursos, podrán seguir ofreciendo su producto turístico sin un límite de tiempo claro, lo que incrementa la inseguridad jurídica", han alertado.

Entre otras objeciones, también ha surgido una queja sobre la "falta de diálogo" previo con el sector. "Nos sorprende que nos hayamos enterado por el Boletín Oficial, sin ningún aviso previo, siendo la asociación empresarial más representativa en Cantabria", concluyó Lamadrid.

En medio de esta controversia, Lamadrid ha reiterado la necesidad de fortalecer los esfuerzos de inspección para garantizar el cumplimiento de las normativas, recordando que se sigue esperando la contratación de nuevos inspectores prometidos por el gobierno regional.