SANTANDER, 17 de noviembre.

En el marco del juicio que se ha llevado a cabo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, cinco de los seis acusados –uno de ellos en paradero desconocido– han negado su implicación en la agresión que dejó a un hombre sin un ojo en Castro Urdiales en septiembre de 2018. Según algunos de los acusados, se trató de una confrontación aislada entre el denunciante, una persona no identificada y el acusado que actualmente se encuentra fuera del país.

Durante el tercer día del proceso judicial, se expusieron las declaraciones de los acusados que se distancian de la responsabilidad de los hechos. La sesión está programada para continuar el próximo miércoles, día en que las partes presentarán sus conclusiones finales y los acusados tendrán la oportunidad de hacer uso de su derecho a la última palabra.

Al inicio de la audiencia, uno de los abogados defensores intentó introducir como evidencia unas fotografías que demostrarían el vínculo familiar entre el agredido y un testigo que, en una declaración anterior, aseguró conocer al denunciante de su localidad y afirmó haber presenciado la agresión. Este testigo identificó a cinco de los acusados, excluyendo al que actualmente está en prisión, como los responsables de la brutal paliza recibida por la víctima. Sin embargo, la sala desestimó la aceptación de estas pruebas, argumentando que debieron presentarse en el momento adecuado y que su relevancia no era esencial para el caso.

El primer acusado en declarar reiteró que no participó en el ataque, afirmando que en el momento de la agresión se encontraba en su hogar, lo que coincide con la versión de sus co-acusados, quienes aseguraron no haberle visto. Explicó que sus relaciones amistosas con el resto de los acusados habían terminado tres años antes del incidente.

Por su parte, el segundo acusado sostuvo que, aunque asistió a la discoteca esa noche, no presenció la agresión ya que se encontraba ocupado en una conversación con una chica dentro del establecimiento. El tercer acusado, que también negó su participación, admitió haber estado solo en la discoteca y testificó sobre una pelea externa que ocurrió entre la víctima y el acusado en el extranjero junto a otro individuo no identificado, a la que decidió alejarse.

En cuanto al cuarto acusado, quien fue señalado como el que agredió primero a la víctima con una botella, negó las acusaciones y explicó que había tenido conflictos previos con el agredido. Sostuvo que en el momento de los hechos estaba en compañía del acusado que se encuentra en rebeldía, y que este, que abandonó España en 2020, fue quien comenzó la violencia dentro del local. Descartó haber mencionado ciertos detalles en su declaración inicial por lealtad a su amigo.

El quinto acusado, actualmente encarcelado y el único no implicado por el testigo, aseguró que no participó en la pelea, aunque admitió que estuvo presente en la discoteca. Informó que un hermano de otro de los acusados advirtió de la llegada del denunciante, quien portaba un objeto contundente, y que el acusado en rebeldía fue quien lanzó el primer golpe con una botella. Describió una escena caótica donde varios agresores atacaban a la víctima, quien estaba en clara desventaja.

En cuanto a la acusación, la Fiscalía sostiene que los hechos constituyen un delito de lesiones que podría conllevar una pena de ocho años de prisión para quienes se declaren culpables. Además, han elevado la indemnización por daños civiles a 60,400 euros tras revisar las secuelas que presenta la víctima, quien sufrió un total de 21 días de perjuicio moderado.

Por su parte, la acusación particular reclama una pena de nueve años y medio para los acusados, así como el alejamiento del denunciante y un aumento en la indemnización a 65,500 euros, sumando un 20% adicional por las lesiones dolosas. Además, ha solicitado que los tres acusados de origen extranjero sean expulsados del país tras cumplir sus condenas.

Finalmente, las defensas han exigido la absolución de sus clientes, o en su defecto, una sanción mínima de un mes de multa por lesiones leves, argumentando que han pasado siete años desde los hechos y que la dilación debe ser considerada para mitigar la responsabilidad de los acusados.