El pasado 22 de diciembre, en Santander, el consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, del Partido Popular, lanzó graves acusaciones hacia el Partido Socialista y la Asociación Héroes de la República. Según Martínez Abad, estas entidades habrían comenzado las labores de exhumación de tres combatientes republicanos en el cementerio de Mirones sin obtener previamente la correspondiente autorización de excavación arqueológica ni haber llevado a cabo la información pública requerida por la ley.

Durante una sesión plenaria, en respuesta a preguntas del portavoz socialista Mario Iglesias, Martínez Abad afirmó que, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico, la Asociación podría enfrentarse a sanciones. Además, criticó la falta de detenciones en las excavaciones, resaltando que el Ministerio ha ignorado los trámites establecidos por la Ley de Memoria Democrática en este tipo de situaciones.

Martínez Abad también destacó una marcada diferencia entre el PSOE y el PP en lo que respecta a la gestión de la memoria histórica. Aseguró que la ley impulsada por los socialistas “crea divisiones entre buenos y malos”, mientras que su partido aboga por una legislación que busca un consenso que reconozca la memoria de todas las víctimas sin polarizar el conflicto.

Por su parte, el portavoz del PSOE criticó la pasividad de la Consejería, que, según él, solo comenzó a actuar después de que la Fiscalía recibiera las denuncias de la Asociación. Acusó al Gobierno regional de poner “trabas” a las familias de las víctimas, diciendo que las promesas hechas por el Ejecutivo eran “vacías”.

En respuesta, Martínez Abad defendió que, al recibir la notificación de la Fiscalía, no había registros de la Asociación que indicaran un expediente correspondiente al Gobierno regional que ya estaba en marcha. Afirmó que instó a la Asociación a presentar los documentos necesarios para avanzar en la exhumación, incluyendo la ubicación exacta de la fosa, la cual fue proporcionada el 10 de noviembre.

Con la información presentada, la Consejería envió un informe a la Fiscalía que no reportó “incidencias relevantes”, resultando en el archivo de la denuncia contra el Gobierno regional sin llevar a cabo más acciones.

En cuanto a otros asuntos de la Ley de Memoria, Martínez Abad reveló que la Consejería solo está manejando dos expedientes más vinculados a esta normativa, ambos de carácter menor y gestionados desde el pasado mes de octubre.

Los trabajos de exhumación e identificación de los restos de los tres combatientes republicanos, Cecilio Romaña, Luis Portillo y Alejandro Miquelarena, quienes fueron fusilados en 1937 y enterrados en una fosa común, están a cargo de la sociedad científica Aranzadi. Este esfuerzo ha sido impulsado y financiado por el Gobierno de España con más de 13.000 euros, buscando proporcionar “dignidad, justicia y reparación” a las víctimas y sus familias.

En otra parte de la sesión, la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, actualizó sobre el proceso de reapertura del matadero de Liébana. Susinos señaló que el Gobierno está trabajando en un plan que garantice la sostenibilidad de la instalación sin generar mayores deudas. Sin embargo, no ofreció una fecha concreta para su reapertura, que ha sido un asunto en el que llevan meses trabajando y que se espera licitar antes de que finalice la actual legislatura.

En respuesta a las inquietudes del diputado socialista Joaquín Gómez, quien recordó que la reapertura del matadero fue una resolución aprobada por la región durante una reciente sesión política, Susinos criticó al PSOE por no haberse interesado previamente por dicha instalación, la cual, según ella, resulta “sobredimensionada” para las necesidades locales y presenta elevados costos de mantenimiento que requiere el Gobierno para su financiamiento.