SANTANDER, 12 de noviembre. Un fallo judicial ha cerrado uno de los casos más trágicos de la reciente historia de la región, donde un joven fue condenado por el asesinato de su madre adoptiva en Castro Urdiales el 7 de febrero. La sentencia, emitida por el Juzgado de Menores de Santander, establece que el hijo adoptivo, quien tenía 15 años en el momento del crimen y acabó cumpliendo 16 poco después, deberá cumplir una pena de 6 años de internamiento cerrado. Este caso también involucra a otro menor, de solo 13 años en el momento de los hechos, el cual es considerado inimputable por la ley al no haber alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal.

Fuentes del ámbito judicial han confirmado a esta agencia que la sentencia fue anunciada por El Diario Montañés y se alcanzó como parte de un acuerdo de conformidad entre las partes implicadas, incluyendo a la familia de la víctima, que actuó como acusación particular, y que también fue aceptada por el acusado. Este tipo de resolución tiende a ser la vía más rápida en el sistema judicial, aunque en este caso también refleja la gravedad de los cargos en cuestión.

El tribunal ha determinado que, además del asesinato, el joven fue hallado culpable de un delito de agresión sexual en contra de su madre adoptiva, Silvia L.G., de 48 años. Las circunstancias agravantes de parentesco aplicadas a ambos delitos, junto con la falta de atenuantes por el estado mental del acusado, han contribuido a la severidad de la pena impuesta. La legislación actual limita las condenas a un máximo de seis años para menores de 16 años, lo cual significa que, aunque la combinación de delitos es grave, no se podía exigir más tiempo de reclusión.

De acuerdo con los detalles ofrecidos en la sentencia, el crimen fue premeditado por los dos menores, quienes eran originarios de Europa del Este. El horrendo ataque se llevó a cabo mientras la madre adoptiva se encontraba almorzando en su hogar en la calle Monte Cerredo. Se reveló que el mayor de los hermanos fue quien infligió múltiples cuchilladas a la víctima, mientras el menor lo sujetaba para evitar su reacción.

Los hechos relatados en el fallo judicial detallan que la mujer comenzó a perder mucha sangre tras ser herida, situación que llevó al mayor a despojarla de su ropa y perpetrar el acto de agresión sexual. Este acto de violencia ha sido considerado como un agravante que pesa aún más en la deliberación del tribunal, intensificando la carga emocional de la condena.

Una vez que la mujer fue atacada, los hermanos intentaron ocultar el crimen. La cubrieron con bolsas, le ataron las extremidades con cinta aislante, y llevaron su cuerpo al garaje de la vivienda, que contaba con acceso directo al coche. Este intento de manipular la escena del crimen evidencia la frialdad y la premeditación que rodearon su actuar.

El plan de los menores se extendió aún más, ya que limpiaron cualquier rastro de sangre y dejaron una nota que contenía la palabra 'ayuda', con la ilusoria intención de simular un secuestro. La situación culminó con el hallazgo del cuerpo de la madre en el vehículo, que fue descubierto por la Guardia Civil alrededor de las 20:45 horas de la misma jornada.

Los hermanos, tras dejar el coche accidentado y huir, habían respondido a un intento de comunicación de la abuela de la madre, afirmando que ellos también habían sido "secuestrados". Esta fase del plan, aunque desesperada, subraya la falta de remordimientos y la ruptura total de los lazos familiares en esta tragedia.

Finalmente, la búsqueda de los niños concluyó en el parque Cotolino, a escasa distancia de su hogar, en la madrugada siguiente. Tal decisión de huir, tras un crimen tan brutal, plantea preguntas inquietantes sobre las circunstancias que llevaron a este desenlace.

El Diario Montañés ha reportado que, según los informes de la autopsia, la muerte de la madre se debió a un desangramiento causado por las múltiples heridas de arma blanca que le fueron infligidas, además de mostrar diversas otras lesiones. El impacto de esta tragedia ha resonado en la comunidad y ha puesto de relieve la necesidad de evaluar más a fondo las condiciones que rodean la violencia familiar, especialmente entre los jóvenes.

Como parte de la sentencia, el hijo mayor también ha sido condenado a tres años de libertad vigilada, en un entorno que incluirá medidas educativas. Además, se le ha prohibido acercarse a menos de 300 metros de su padre, abuelos y tío materno, quienes fueron parte de la acusación particular. La madre, una mujer trabajadora, había dejado su tierra natal en Bizkaia para buscar una mejor vida en Cantabria, un cambio que, lamentablemente, la llevó a un final trágico.