El 24 de octubre en Santander, el comité de empleados de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) del Gobierno de Cantabria ha tomado una decisión firme: iniciar una serie de movilizaciones comenzando el 10 de noviembre. Esta decisión surge como respuesta a la alarmante precariedad laboral que enfrentan cerca de 180 trabajadoras y trabajadores de la plantilla.

Representantes de los sindicatos UGT y CCOO han anunciado que el primer acto de estas movilizaciones será una concentración programada para las 12 del mediodía frente a la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, situada en la calle Lealtad de Santander.

Tras esta sesión extraordinaria, el comité ha exigido de manera urgente una reunión con Luis Martínez Abad, consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria, así como con la Dirección de la SRECD, con el objetivo de abordar la crítica situación laboral en la que se encuentra esta entidad.

Rodolfo Higuera, presidente del comité de empresa y afiliado a UGT, ha manifestado que es imperativo que el consejero conozca la grave problemática que atraviesa la SRECD, que desde su creación en 2007 no cuenta con un convenio colectivo, carece de una Relación de Puestos de Trabajo y nunca ha realizado una Oferta de Empleo Público ordinaria.

Los sindicatos también denuncian un creciente déficit de personal, lo que, según ellos, forma parte de una estrategia deliberada por parte de la dirección de la empresa para no cubrir vacantes. Esto incluye la falta de sustituciones para las bajas por incapacidad temporal, así como excedencias y permisos, una situación que ha sido evidente en los últimos años.

En este contexto, Higuera ha denunciado la "degradación de los servicios públicos" que la SRECD tiene a su cargo, señalando que cada nuevo año se asumen más centros y servicios que, por falta de personal, no son atendidos adecuadamente.

El presidente del comité也 ha resaltado que, al mismo tiempo, se han reducido las partidas dedicadas al personal con el objetivo manifiesto de aumentar los presupuestos destinados a la externalización de estos servicios, un movimiento que Higuera considera una estrategia para eludir las obligaciones legales que corresponden a una empresa pública en términos de contratación y gestión presupuestaria.

Finalmente, Higuera ha instado a la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria a que actúe de manera inmediata para detener la continua degradación de las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores en esta sociedad pública, que debería ser un ejemplo a seguir, en lugar de lo que se está viviendo actualmente.