El exalcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, se ha posicionado como "el principal enemigo" de las retribuciones a los funcionarios, señalando que estas eran, de hecho, “derechos adquiridos” bajo el convenio colectivo previamente establecido.

En el marco del juicio por el conocido 'caso de los sobresueldos', Muguruza, quien dirigió el Ayuntamiento de Castro Urdiales desde 2003 hasta 2011, ha declarado que durante su mandato nunca contrató a personal “a dedo”. Destacó que todas las incorporaciones al equipo municipal se realizaron a través de convocatorias de oposiciones, buscando siempre contar con personal calificado y especializado en las tareas más complejas del Consistorio.

El juicio, que investiga posibles irregularidades en la contratación de funcionarios y la asignación de salarios indebidos entre 1991 y 2011, tiene lugar en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria. Aparte de Muguruza, se encuentran imputados otros once exfuncionarios, incluyendo a Rufino Díaz Helguera, también exalcalde, quien ha optado por no declarar y se enfrenta a penas que podrían alcanzar los nueve años de cárcel por malversación de fondos públicos y prevaricación.

La fiscalía ha solicitado penas de cinco años de prisión y dieciocho de inhabilitación para los ediles que apoyaron los presupuestos de 2008 y 2009, a pesar de las advertencias de la intervención municipal sobre la ilegalidad de ciertos pagos. Tras concluir la fase de pruebas con la mayoría de los acusados ejerciendo su derecho a no declarar, se espera que este jueves se presenten las conclusiones finales y el informe del fiscal.

Muguruza ha caracterizado como “catastrófica” y “dantesca” la situación financiera que heredó al asumir el cargo, subrayando también la insuficiencia de funcionarios cualificados y la tensión que generó la colaboración gubernamental entre PRC, PP e Izquierda Unida, y posteriormente Acuerdo por Castro durante su mandato. Esta presión llevó a la Junta de Gobierno Local a centralizar decisiones importantes desde el inicio.

Durante su declaración, el exalcalde, de profesión médico, enfatizó que desde el comienzo se planteó la necesidad de crear una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), pero encontró una fuerte resistencia por parte de los sindicatos, ya que muchos funcionarios disfrutaban de condiciones laborales “inmejorables”. Después de un proceso difícil de negociación, finalmente se logró aprobar la RPT en 2009, aunque defendió las políticas de contratación en su administración.

A pesar de haber enfrentado críticas, Muguruza insistió en que su intención en aquel momento era legitimar las condiciones laborales existentes y garantizar la estabilidad en la plantilla. Remarcó que estas retribuciones a los empleados públicos eran parte de un convenio colectivo que databa de 1998 y que continuaron vigentes incluso antes de su llegada a la alcaldía.

El exregidor se mostró contrario a la situación de retribuciones, que consideró injusta para un Ayuntamiento con estructuras salariales que no se alineaban con las de otras administraciones en Cantabria. Sin embargo, defendió que eran derechos adquiridos por los funcionarios, lo que complicaba cualquier intento de cambiar dicha situación. Muguruza se describió como alguien que, a pesar de estar en desacuerdo con el sistema, se encontró limitado por las normativas vigentes y la resistencia interna.

En relación con la residencia municipal, que existía desde hacía un siglo bajo un patronato familiar y se transformó en un organismo autónomo en 2011, el exalcalde defendió una subida salarial del 10% para los empleados buscando consolidar sus puestos de trabajo, calificando esta acción como “legítima” y aprobada dentro del marco legal en una reunión de gobierno a la que no se había presentado.

Finalmente, se planteó el papel del exinterventor municipal Fernando Urruticoechea, cuyo testimonio en el juicio incluyó acusaciones sobre la calidad “caótica y arbitraria” en la gestión de los fondos públicos. Muguruza criticó el enfoque de Urruticoechea, quien realizó múltiples informes de reparo pero, según el exalcalde, no presentó objeciones a momentos cruciales de la actividad municipal.

En la causa también figuran otros exconcejales y funcionarios como José Miguel Rodríguez 'KyK', Elisa Dopico y varios más, quienes se han acogido en su mayoría al derecho a no declarar. Una de las exconcejales, responsable de Educación y Cultura en su momento, aclaró que no participó en comisiones clave y se mostró convencida de que los presupuestos en los que ella voto estaban ajustados a la legalidad. Por su parte, el funcionario implicado corroboró que los sueldos se pagaban conforme a los convenios establecidos, sin que nadie le advirtiera sobre irregularidades en el proceso de pago.