SANTANDER, 11 de enero.

La Fiscalía ha formulado una solicitud de multa por 430.000 euros contra una empresa implicada en un presunto delito fiscal, relacionado con la evasión de sus responsabilidades tributarias tras la venta de un hotel en Suances. El administrador de la compañía, cuya ubicación actual es desconocida y se encuentra en rebeldía, también está vinculado a otras acusaciones, incluida una potencial frustración de la ejecución.

Según la acusación del ministerio público, la compañía realizó una transacción de venta de un hotel a otra entidad sin cumplir con el pago del impuesto de sociedades correspondiente, derivado del incremento patrimonial que resultó de la operación.

Adicionalmente, se alega que la empresa evitó "de forma sistemática todas sus obligaciones fiscales", incluido el envío de autodeclaraciones trimestrales de IVA y la declaración de operaciones con terceros. También incumplió con las normativas básicas que exigen la presentación de cuentas en el Registro Mercantil.

El administrador de la empresa, que permanece en paradero desconocido, es considerado el artífice de un premeditado vaciamiento patrimonial. Se le acusa de haber realizado una serie de transferencias y reintegros desde la cuenta de la compañía a cuentas personales, aprovechando la ausencia de controles y medidas anticorrupción dentro de la estructura empresarial.

Por su parte, un apoderado de la firma, que está siendo señalado en este caso, realizó cuatro transferencias a diversas personas y entidades, siendo algunas de ellas de su propiedad, a pesar de estar al tanto de la delicada situación económica de la mercantil.

Además, tras el ingreso de un cheque bancario por un valor de 242.000 euros, el acusado llevó a cabo nueve transferencias posteriores, dejando solo 3.000 euros en la cuenta, con la aparente intención de eludir la posibilidad de que Hacienda pudiera hacer efectiva su reclamación.

La Agencia Tributaria había puesto en marcha un proceso de verificación años antes y, tras una serie de investigaciones exhaustivas, logró recuperar deuda mediante procedimientos ejecutivos.

La Fiscalía considera que los actos cometidos constituyen delitos contra la hacienda pública y frustración de la ejecución, siendo atribuibles tanto a la empresa como al apoderado involucrado.

Como parte de las sanciones, se exige una multa de casi 430.000 euros para la empresa, además de la restricción para acceder a subvenciones o ayudas públicas y beneficios fiscales durante un periodo de cuatro años.

Para el apoderado, el ministerio público pide una sentencia de dos años de prisión y una multa de 6.750 euros.

El juicio correspondiente se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de enero, a las 10:00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.