En Santander, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha ratificado una sanción de 315.000 euros impuesta por el Ayuntamiento a un local de la ciudad, donde se detectó a menores consumiendo alcohol en varias ocasiones, llegando a 140 personas en una de ellas.

La sentencia, que puede ser apelada, rechaza el recurso del dueño del establecimiento contra la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1. Este tribunal consideró que la multa, que también incluía la suspensión de la actividad durante un año, era apropiada dada la gravedad de los hechos.

La Sala confirma esta postura y destaca que, a pesar de las dos infracciones cometidas, el Ayuntamiento solo impuso una multa, por lo que considera que la cantidad es moderada en comparación con la gravedad de la situación.

El Tribunal enfatiza que la protección de los menores es fundamental y que la sanción impuesta por el Ayuntamiento es justa dada la infracción cometida.

Según los informes policiales, en un mes los agentes identificaron a menores consumiendo alcohol en el local en grupos que iban desde 4 hasta 140 personas. Las actas señalan la falta de control de entrada y de la venta de alcohol en el establecimiento.

El juez determinó que la sanción estaba justificada debido al número de incidentes, la cantidad de menores involucrados, la gravedad de los hechos y la repetición de las violaciones.

El propietario del local siguió permitiendo estas acciones incluso después de ser advertido, lo que llevó al tribunal a respaldar la decisión del Ayuntamiento.

La Sala destaca la falta de medidas de seguridad en el local, a pesar de tener un portero, y la venta indebida de alcohol a menores, siendo algo recurrente.

En resumen, el Tribunal considera que la multa y la suspensión de la actividad son proporcionadas y adecuadas dadas las circunstancias y la gravedad de la situación en el local de Santander.