La nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander, que comenzó a operar el 1 de enero, impondrá multas de 200 euros a los conductores que ingresen con vehículos no autorizados, de acuerdo con lo anunciado por el Ayuntamiento. Esta medida busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la ciudad.

Un periodo de adaptación que se extenderá hasta el 28 de febrero ha sido habilitado para facilitar la transición, centrando esfuerzos en la sensibilización y el acceso a información sobre la normativa. Sin embargo, los infractores podrán enfrentar sanciones desde el primer día, aunque las multas comenzarán a hacerse efectivas en marzo, aclaró la alcaldesa Gema Igual (PP) a los medios.

La alcaldesa destacó que la ZBE no debe sorprender a nadie, ya que su implementación ha sido ampliamente comunicada y señalizada, y ejemplos similares ya están en funcionamiento en otras ciudades de España. Afirmó que esta adaptación no implica un perdón a quienes infrinjan las normas estipuladas.

La nueva ZBE afecta las matrículas que no cuenten con la etiqueta A, lo que incluye vehículos diésel fabricados antes de 2006 y automóviles de gasolina anteriores a 2001. Este área restringida abarca 2,5 kilómetros y aproximadamente 200.000 metros cuadrados en la zona del Ensanche, que representa apenas el 0,6% del territorio total de Santander.

Las restricciones operan de lunes a viernes, de 08:00 a 19:00 horas, y excluyen a los residentes, trabajadores en la zona, propietarios de garajes (quienes dispondrán de dos permisos), vehículos de personas con discapacidad, motocicletas, vehículos de servicios, taxis y los autos que utilicen los estacionamientos públicos ubicados dentro del área delimitada.

Esta ZBE, identificada mediante señales específicas, será monitoreda por un sistema de once cámaras de entrada y salida. Cabe destacar que, en una primera fase, los vehículos con etiqueta 0, ECO, C y B estarán exceptuados de restricciones.

A pesar de expresar que considera esta ZBE como una medida no esencial para la ciudad, la alcaldesa enfatizó la obligación de implementarla para cumplir con la legislación vigente, subrayando la importancia de contribuir al bienestar ambiental y a la salud pública de los ciudadanos.